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Este jueves 29 de enero la Fiscalía acusó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El exalto funcionario del gobierno Petro, prófugo en Nicaragua, es una de las fichas claves en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
González es señalado de presuntamente ser el cerebro detrás del entramado de corrupción que llevó al desfalco de la entidad pública. Es, además, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. No en vano, tenía su oficina en la Casa de Nariño al lado del despacho del presidente de la República. Justo desde allí, según las investigaciones de la Fiscalía, se habría ordenado el pago de coimas y contratos a congresistas.
En contexto: Caso Ungrd: la Fiscalía ya tiene lista la acusación contra Carlos Ramón González
El exjefe del Dapre irá a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, relacionados con el desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país. La Fiscalía ha dicho que González habría ordenado destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso con pagos parlamentarios como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, presos por el mismo caso.
La investigadora que tiene este caso en sus manos es María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria del búnker preparó un documento de 60 páginas para la acusación en el que detalla la forma en la que las movidas de González habrían permitido que se fraguara el entramado de corrupción de la Ungrd. Según ese escrito, el exdirector del Dapre habría ordenado inicialmente pagos ilegales por más de COP 60.000 millones, que habrían terminado reducidos a COP 4.000 millones.
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Siga la audiencia en vivo:
La Fiscalía acusó formalmente a Carlos Ramón González
La Fiscalía General lleva a juicio a Carlos Ramón González por presunta corrupción. González fue llamado a juicio para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El ente investigador lo señaló de ser, al parecer, el cerebro del millonario desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país.
Según la teoría de la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector del Dapre habría ordenado millonarios pagos ilegales y entregas de contratos a congresistas de la República, para que ayudaran a destrabar las iniciativas del gobierno Petro durante sus discusiones en el Legislativo.
Por su parte, González dijo que no le parecía clara la acusación. “Hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. Yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida”. “Para mí no es una acusación clara, porque está llena de vacíos y de falsedades”, señaló.
Fiscalía responde a las aclaraciones sobre su acusación
Luego de un segundo receso, pasadas las 2:30 de la tarde se reanudó la audiencia de acusación en contra de Carlos Ramón González. La diligencia continuó con la intervención de la Fiscalía, quien defendió su teoría sobre la presunta responsabilidad del exdirector del Dapre dentro del entramado de corrupción de la Ungrd. El funcionario del ente investigador que apoyó en la diligencia a María Cristina Patiño, la fiscal del caso, señaló que González sí tenía influencia directa sobre Sandra Ortiz, para ordenarle actuar dentro del caso.
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En ese sentido, el ente investigador aseguró que Gonzalez sí “determinó” a Ortiz para que ejerciera como puente entre la Ungrd y los congresistas presuntamente sobornados. También detalló que está sustentado que el dinero de los sobornos no fue dinero prestado por otra persona a quien la defensa del exdirector del Dapre identificó como Pedro Castro: un exsenador liberal que ha sido mencionado dentro del expediente. Por lo contrario, los COP 4.000 millones desviados habrían salido de sobrecostos en la Ungrd.
Procuraduría pide aclaraciones sobre la acusación
Henry Bustos, delegado de la Procuraduría en el caso contra Carlos Ramón González, pidió una aclaración sobre el señalamiento por lavado de activos. El funcionario del Ministerio Público le pidió a la Fiscalía que aclarara de qué forma el rol de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y salpicada dentro del entramado de corrupción, habría configurado ese delito tras el presunto transporte de dineros en efectivo para el pago de coimas a los entonces congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Por otro lado, el delegado pidió que se ampliara la información relacionada con la forma en la que González le habría dado la orden a la entonces consejera presidencial Ortiz de ser la mediadora para el pago de dineros en efectivo a los congresistas Name y Calle. Para Bustos, la acusación de la Fiscalía se habría equivocado al señalar que el “acuerdo” para pagar dineros a congresistas por medio de la exfuncionaria configuró una orden.
Se reanuda la audiencia, tras receso de casi dos horas
Luego de un receso que duró más de dos horas, la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila reanudó la audiencia de acusación en contra de Carlos Ramón González. Lo hizo con la lectura de un auto en el que reconoció como posibles víctimas a la Ungrd, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) la Contraloría y las comunidades indígenas del pueblo Wayúu de La Guajira, luego de que el abogado Iván Cancino argumentar que no había argumentos suficientes para sustentar su carácter como víctimas del caso.
Inicia la audiencia de acusación
A las 8:00 en punto de la mañana, como estaba previsto en el cronograma, inició la diligencia ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. La audiencia se desarrolla de forma virtual, dado que Carlos Ramón Gonzáles está prófugo en Nicaragua, país al que salió después de que estallara en Colombia el escándalo del entramado de corrupción. El exdirector del Dapre se conectó junto a su representante, el abogado Iván Cancino.
La Ungrd, la Contraloría General de la República y las comunidades indígenas del pueblo wayúu de La Guajira pidieron al inicio de la diligencia su acreditación como víctimas de los delitos presuntamente cometidos por González. Sin embargo, el abogado Cancino dijo que no se han expuesto pruebas contundentes que acrediten su rol como víctimas en el caso. “La prueba sumaria no puede quedar a la deriva de una expresión verbal”, señaló.
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