En una semana turbulenta para el gobierno Petro, luego de las revelaciones de presuntos vínculos de funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”, la tormenta no escampa. Ahora, por cuenta de la petición que realizó la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá para que le ponga hora y fecha a la imputación de cargos contra dos exministros, Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por su presunta participación en el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Aunque desde mayo pasado el ente investigador dijo que iba a vincular a Bonilla, solo hasta ahora se concretó la movida.
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En contexto: Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco por caso Ungrd
Además, la Fiscalía sorprendió con tres asuntos. El primero, que también vinculará a Velasco. El segundo, que los delitos que les imputará son concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Y tercero, que va a pedir que ambos exmiembros del Ejecutivo sean enviados a la cárcel mientras avanza el proceso. La aparición de ambos en este expediente, uno de los peores escándalos de corrupción que enfrenta la Casa de Nariño, ocurrió hace más de un año, cuando el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, le contó a la justicia que las cabezas de este entramado criminal fueron Velasco, Bonilla y Carlos Ramón González, otro exalfil del gobierno Petro, quien ya fue imputado por el saqueo.
Las prueba contra Velasco
La hipótesis que sigue la Fiscalía, que ya tiene las suficientes pruebas para vincular a los exministros, sostiene que el Ejecutivo compró a varios congresistas a través de tres proyectos de la Ungrd por $92.000 millones en Bolívar, Arauca y Córdoba. Todo a cambio de que votaran millonarios créditos internacionales que se tramitaban en 2023 en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Según la investigación, Velasco habría sido uno de los protagonistas de los presuntos acuerdos ilícitos que habría tramitado el Gobierno con los congresistas. Registros de llamadas, chats, testimonios y videos de cámaras de seguridad ubican a Velasco como un supuesto enlace para concretar esas dádivas.
“El entonces ministro del Interior no era ajeno a los asuntos que se estarían ajustando alrededor de las sesiones de la CICP. Por el contrario, fue delegado para esos menesteres conforme se lo dijo el propio (Ricardo) Bonilla a su asesora (María Alejandra) Benavides el 31 de octubre de 2023”, explicó la Corte Suprema en la investigación que adelanta contra los congresistas de la CICP, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Velasco no solo está mencionado en este episodio del escándalo. Según Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, el exministro del Interior dio órdenes claras para “comprar” votos en el Congreso.
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La exfuncionaria de la Presidencia, que ya está presa por su presunta vinculación en el escándalo, le contó a la justicia que, en una reunión con Velasco y varios miembros del Gobierno, el titular de la cartera del Interior dio la orden de “adoptar” a un congresista para avanzar en la aprobación de varios proyectos del interés del Ejecutivo. En ese contexto, Ortiz habría abordado al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quienes les habría ofrecido dádivas a cambio de su apoyo en la discusión de los proyectos para reformar el sistema de salud y de pensiones. Ambos excongresistas están presos a la espera de que arranque el juicio ante la Corte Suprema.
El Espectador se contactó con el exministro Velasco y su equipo jurídico y manifestaron que se presentarán cada vez que la justicia lo requiera, a pesar de que no han sido notificados de ninguna citación. Según ellos, tienen las pruebas suficientes para contrarrestar cualquier señalamiento del ente investigador en el caso. Además, aseguran, que no es la primera vez que el exdirector Olmedo López hace señalamientos de ese calibre en contra del político. “No es la primera vez que se me hace un montaje. Me ha tocado enfrentar otros y la justicia me ha dado la razón. En este caso tengo la certeza de que pasará lo mismo”, puntualizó el exministro.
El caso de Bonilla
El expediente del exministro de Hacienda tiene otras pruebas y testigos que lo comprometen. Aparte de Olmedo López, y su entonces su mano derecha, Sneyder Pinilla, quienes han contado detalles sobre cómo recibieron órdenes del alto gobierno para entregar contratos a cambio de los votos de los congresistas, en contra de Ricardo Bonilla reposa un testimonio crucial: el de su exasesora, María Alejandra Benavides Soto, quien ya logró un principio de oportunidad con la Fiscalía. La exfuncionaria, quien trabajó como enlace en el Congreso del Ministerio de Hacienda, le ha contado a la Corte Suprema y al ente investigador los pormenores del entramado ilegal.
La recuperación de los mensajes de WhatsApp del celular de Benavides le permitió a los investigadores reconstruir la ruta de los presuntos acuerdos ilegales diseñados para asegurar el apoyo de los parlamentarios de la CICP. Según declaró ante la Fiscalía, fue el propio ministro quien le ordenó avanzar en esos pactos irregulares. La presión del tiempo jugaba en contra del Gobierno: faltaban 10 días para que terminara la legislatura y aún debían aprobarse siete créditos internacionales necesarios para equilibrar las finanzas públicas. En ese periodo crítico se habrían consolidado los pagos indebidos a los congresistas. La Corte Suprema fue enfática al señalar la posible responsabilidad de los funcionarios del gobierno.
En el caso de Bonilla, destacó que la evidencia apunta a que las visitas de los parlamentarios a su despacho, el 5 de diciembre, se relacionaban con un posible esquema de negociación ilícita. Los mensajes que Benavides envió tanto al ministro como al encargado, Diego Guevara, sugerían que la razón de esos encuentros estaba ligada a gestiones adelantadas por funcionarios de Hacienda para satisfacer intereses de los legisladores. La Corte hizo inferencias similares respecto de otro funcionario que todavía no ha sido procesado por la Fiscalía: Jaime Ramírez Cobo, uno de los enlaces en el Congreso del Ministerio del Interior.
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El abogado de cabecera del exministro Bonilla, el penalista Mauricio Pava, le dijo a El Espectador que desde hace meses estaban a la espera de la solicitud de imputación por los delitos que fuera, sin embargo, considera que el anuncio de que se solicitará cárcel para el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro no es una medida adecuada. “Nosotros adelantamos no menos de 10 audiencias ante el Tribunal Superior de Bogotá, recaudamos una cantidad de pruebas que ya están en su poder y esas evidencian demuestran que es una medida muy popular en estos momentos, pero no necesariamente adecuada con los nuevos tipos del derecho”, agregó el jurista.
Con el anuncio de las imputaciones y la posible llegada de estos dos alfiles de Gustavo Petro a la cárcel, la Fiscalía por fin dio el salto que tardó un año. Así, el expediente de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco deja de moverse en el terreno de las denuncias para ubicarse en el escenario que definirá su verdadero alcance: los estrados judiciales. Será allí, en pleno ocaso del gobierno, donde este capítulo del escándalo de la Ungrd tendrá que probarse, confirmarse o caerse. Todo, además, con las evidencias y pruebas que presente cada parte. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá todavía no ha fijado la fecha para la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento, de lado y lado ya enfilan baterías para defender sus posiciones.
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