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En medio de los procesos que avanzan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), el preacuerdo que buscaban materializar la Fiscalía y el exdirectivo de la entidad, Luis Carlos Barreto, para otorgarle beneficios a cambio de colaboración, fue negado. La jueza que revisaba el pacto que buscaba el ente investigador, evidenció que Barreto devolvió una suma muy pequeña de dinero y que el ente investigador no sustentó adecuadamente la petición.
En el caso, Barreto había negociado con la Fiscalía la reducción de una eventual condena por los hechos en los que habría hecho parte del entramado de corrupción que saquearon la Ungrd. Sin embargo, la jueza consideró que el trato que buscaba el ente investigador era desproporcionado y le otorgaría beneficios que no fueron debidamente justificados en la audiencia.
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Al revisar el caso, la jueza encontró que Barreto solo reintegró $150 millones, a pesar de que el delito de peculado en su contra indicaba el desvío de más de $12.065 millones. Esto, en palabras del juzgado, “quebranta el principio de la legalidad de la pena partir para la fijación de la multa de solo $150 millones, cuando la cuantía de lo apropiado es de $12.065.829.434”. Para la jueza, “la suma de $150.000.000 pagada por el procesado resulta insuficiente, en razón de la magnitud del daño material y moral”.
Barreto es una ficha clave en el rompecabezas de este caso, pues fue él quien salpicó en el entramado de corrupción a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ya está imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Justo en la noche del 25 de agosto, la Fiscalía confirmó que Interpol emitió circular roja en su contra, para hacer efectiva la orden de captura que ya le fue dictada.
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Según la Unidad de Fiscales Delegados del ente investigador, Manrique Soacha habría facilitado la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a cambio de coimas del 7% por cada contrato; es decir, $7.000 millones. Además, habría recomendado la designación de Barreto como subdirector de la Ungrd, al parecer para ejecutar este plan criminal. Esto habría ocurrido entre mayo de 2023 y marzo de 2024.
De acuerdo con la fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el expediente de la Unidad de Gestión del Riesgo, Barreto decidió actuar como testigo y aportar al desmantelamiento de la red criminal que desfalcó a la entidad encargada de atender desastres. Por esa razón, el pasado 23 de abril otro juez le había avalado un principio de oportunidad sobre los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.
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Para ese otro recurso, al que sí le dieron luz verde, Barreto, quien se encuentra detenido en la cárcel La Modelo, en Bogotá, se comprometió a colaborar con la justicia para desarticular la red criminal y hablar como testigo en otros 16 procesos penales contra personas involucradas. El exfuncionario, además, se comprometió a reconocer públicamente su arrepentimiento y la garantía de no repetición de las conductas ilegales.
Sin embargo, en esta oportunidad Barreto no contó con la misma suerte y la jueza señaló que el preacuerdo que buscaba era “excesivamente favorable”, en comparación con los delitos cometidos y su peso. “Sin ninguna explicación o justificación, para efectos del preacuerdo no se tuvieron en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad, lo que podría interpretarse como un doble beneficio encubierto”, dijo la togada durante la audiencia.
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Esta decisión se conoce solo un par de horas antes de que otra jueza de control de garantías de Bogotá revise el principio de oportunidad al que busca llegar Olmedo López, exdirector de la Ungrd, con la Fiscalía. Es la tercera vez que López, señalado de ser una de las principales cabezas del entramado de corrupción, intenta negociar con la justicia. Sin embargo, en dos ocasiones su principio de oportunidad no ha tenido luz verde.
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