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Avanza el proceso penal en contra de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria, recluida en una guarnición policial de Bogotá, está a un paso de ir a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Esta semana fue clave en el expediente contra la exconsejera Ortiz por cuenta de una solicitud que su defensa, liderada por el abogado Mauricio Camacho, le hizo a un juzgado con función de control de garantías de Bogotá. El objetivo de ese recurso era acceder a información financiera del prestamista y exsenador liberal del Valle del Cauca, Pedro Castro. Un hombre que ha sido mencionado en el copioso expediente del caso de corrupción en la Ungrd.
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La primera movida clave sucedió el lunes 9 de febrero, cuando el abogado de Ortiz le pidió a una jueza, durante una audiencia preparatoria al juicio, precluir la investigación en contra de la exfuncionaria del gobierno Petro, puntualmente en lo relacionado con el delito de tráfico de influencias. En su concepto, se han hecho más de 10 modificaciones a ese delito durante la imputación y la acusación en contra de la exconsejera para las Regiones.
Para el abogado Camacho, no hay pruebas suficientes para sustentar el proceso penal relacionado con ese delito y los hechos ocurrieron de una forma distinta a como los ha narrado la Fiscalía en el curso del proceso penal. Sin embargo, para la fiscal María Cristina Patiño, quien lidera esa investigación, los funcionarios del búnker sí tienen información suficiente para sustentar la imputación y la acusación en contra de Ortiz por ese delito.
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Al día siguiente, el martes 10 de febrero, el abogado Camacho solicitó una audiencia reservada ante una jueza de control de garantías de Bogotá. La razón detrás de esa diligencia era pedir acceso a información financiera del exsenador Castro, quien ha sido señalado como la persona que, al parecer, habría prestado los COP 4.000 millones para sobornar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Esa información es clave para la defensa de Ortiz porque, según algunas de las versiones allegadas al expediente, los COP 3.000 millones que Ortiz le habría entregado al exsenador Name y los COP 1.000 adicionales que habría recibido el exrepresentante Calle no habrían salido de recursos de la Ungrd. Por el contrario, habrían sido prestados por el exsenador Castro en 2023 a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd y hoy condenado por el caso.
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La información que se conoce sobre ese posible préstamo es que habría sido a unos intereses de 2,3% mensuales. La movida habría ocurrido entre el 11 y el 13 de octubre de ese año, fechas en las cuales, según el expediente, Ortiz habría participado del entramado de corrupción entregando el dinero en efectivo, empacado en maletas a los excongresistas Name y Calle. Por ese hecho le fue imputado el delito de tráfico de influencias a la exfuncionaria.
El argumento de la defensa de Ortiz para acceder a la información financiera de Castro es que con esos datos es posible comprobar que no hubo malos manejos financieros y que la exfuncionaria del gobierno Petro no cometió ningún delito. Sin embargo, la petición del abogado Camacho no fue admitida por la jueza de control de garantías en una diligencia del pasado viernes. No obstante, la decisión podría ser apelada y tendría que ser revisada mientras avanza el proceso.
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