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El expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ya no siguiera el estudio de una tutela que presentó, junto con su equipo de abogados, con la intención inicial de tumbar la decisión de un juez de Bogotá que consideró que el exsenador está hoy formalmente imputado por los delitos soborno y fraude procesal. El Espectador estableció que la Sala Penal del alto tribunal aceptó dicho desistimiento y, por tanto, no cambiará el estatus que tiene en este momento Uribe Vélez quien está ad portas de conocer si es llamado a juicio o no por la Fiscalía General.
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“El accionante Álvaro Uribe Vélez y su apoderado Jaime Enrique Granados Peña mediante escrito de 2 de marzo de 2021 reiteraron su pretensión de desistir del recurso de impugnación presentado contra la sentencia de tutela de 26 de enero de 2021, indicando que tal desistimiento no estaba condicionado a la demostración de ninguna circunstancia en particular. En vista de lo anterior y sumado a la la inexistencia de vicio de consentimiento alguno en su manifestación, se accederá a la pretensión”, señaló la Sala Penal en un documento de nueve páginas.
En concreto, el expresidente presentó una tutela en contra de una decisión que en noviembre de 2020 tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, declarándolo formalmente imputado, al equiparar la diligencia de indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia en agosto en 2019, a la audiencia de imputación de cargos que se realiza en el sistema penal acusatorio, luego de que el expresidente renunciara al congreso y con ello, su caso pasara de la Corte a la Fiscalía.
La tutela había sido negada inicialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual el 26 de enero pasado indicó que el proceso se encuentra en curso y, por tanto, existían otros medios de defensa judicial idóneos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa. A través de un comunicado, el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, explicó durante esos días que la Corte Suprema de Justicia podría revisar un procedimiento en el cual se le “lesionaron los derechos fundamentales al ciudadano”.
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El pasado 1° de febrero, la defensa de Uribe Vélez impugnó formalmente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, reafirmando que la acción de tutela era el medio judicial ideal para revocar esa decisión que lo declaró imputado y proteger sus derechos, supuestamente afectados. Asimismo, el abogado Jaime Granados explicó que no iba a dejar las garantías de su cliente en manos de un tercero, la Fiscalía, que entre sus opciones tiene solicitar la preclusión, presentar el escrito de acusación o, también, llegar a un preacuerdo que beneficie al investigado y al órgano investigador.
Durante el proceso, el fiscal Gabriel Jaimes adhirió a las peticiones de la defensa de Uribe y, en un documento de ocho páginas, advirtió que homologar la indagación de la Corte Suprema y la imputación de la justicia ordinaria afectaría gravemente el derecho a la defensa y al debido proceso del exmandatario. “Es necesario subsanar tal situación con prontitud, por ello expresamente solicitamos acceder a los términos de la acción de tutela presentada (por la defensa de Uribe)”, le envió el fiscal al Tribunal Superior de Bogotá.
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Entre tanto, el senador del Polo Iván Cépeda, quien funge como víctima en la investigación, entró en contradicción tanto con la defensa de Uribe como con la fiscalía de Gabriel Jaimes. Su defensor, Reynaldo Villalba, explicó que la acción de tutela no era el mecanismo ideal para tumbar los ordenado por el Juzgado Cuarto del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Incluso el abogado aseguró que no hay un perjuicio irremediable por el cual Uribe Vélez deba reclamar protección.
“Tampoco se produjo ninguna sustitución del rol de la Fiscalía, como quiere mostrarlo el accionante (la defensa de Uribe). Es más, quien provocó la intervención de los jueces de la República alegando la no similitud entre la indagatoria y la imputación fue la mismísima defensa del procesado, que precisamente pretendió que los jueces definieran tal situación”, se lee en una parte del documento publicado por el abogado Reynaldo Villalba.
Por último, la defensa de Cepeda sostuvo que devolver el caso Uribe a ceros, como buscaba la tutela, desestabilizaría el proceso penal y significaría un paso hacia la impunidad, pues el asunto ya fue definido judicialmente, sin contar los recursos que ha invertido la justicia en investigar todo este expediente. Y, además, Villalba sostuvo que fue el propio Álvaro Uribe, con su renuncia al Congreso, quien logró un escenario procesal sin precedentes para aterrizar en la Fiscalía.