Para los habitantes de la región del Catatumbo (Norte de Santander), el año 2026 inició en medio del recrudecimiento de la guerra entre el frente 33 de las disidencias de la Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Desde hace una semana que los enfrentamientos entre ambos grupos al margen de la ley reactivaron la crisis humanitaria iniciada en enero de 2025 y que está a punto de cumplir un año. La última escalada violenta allí deja ya una cifra de más de 78.000 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.
El hecho más reciente se presentó el 31 de diciembre, en el municipio de El Tarra. El hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que causó daños en la infraestructura del centro hospitalario y dejó a cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, aseguró que también hubo disparos por parte de los grupos armados.
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Ante la gravedad del ataque, el personal médico en el Catatumbo solicitó su traslado de la zona, por el temor de que el hospital esté de nuevo en medio del fuego cruzado entre disidencias de las Farc y el Eln. El director Bitar explicó que la atención médica está suspendida en el corregimiento y solo se reciben por ahora pacientes de urgencias. La razón es que los enfrentamientos entre grupos armados han imposibilitado el trabajo de las misiones médicas.
“Se ha tratado de hacer todo el proceso, pero ha sido difícil por la situación de que un grupo armado está haciendo el ingreso a este corregimiento; eso ha afectado todos los traslados, toda la atención, toda la misión médica en ese sector”, dijo el funcionario. Y agregó: “Se logró hacer una evacuación ayer con algunos menores y la enfermera no ha podido regresar. Solamente actividades de urgencia se podrían atender, pero no se está prestando un servicio a la comunidad como debería ser”.
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Respecto a la petición de traslado de parte del personal de la salud, el funcionario explicó que se trata de profesionales que están adelantando su año rural en el municipio de El Tarra. “Ya están solicitando el retiro de la zona y la exoneración del servicio social obligatorio por situaciones de orden público”, explicó Bitar. Un asunto que agrava la situación, pues sin personal médico sería imposible atender la crisis humanitaria que se vive en la región.
También los representantes de organizaciones de víctimas piden intervención inmediata para atender la grave situación que se vive en esa zona que compromete a municipios de Norte de Santander y el sur del Cesar. Carmen García, presidenta de la asociación Madres del Catatumbo, dijo a medios de comunicación que los enfrentamientos de los últimos días dejan una cifra de al menos 500 desplazados de los municipios de Tibú y El Tarra.
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“Estamos con muchísimo miedo, ya llevamos días de enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y el Eln en zona rural de El Tarra. Más de 300 personas desplazadas en El Tarra, más de 200 personas desplazadas en Tibú por los enfrentamientos. Hasta anoche sabíamos que había heridos, que no se habían podido sacar de algunas veredas, con algunos muertos que hacen parte de estos grupos, de otras poblaciones, de personas civiles”, señaló.
A renglón seguido, la presidenta de Madres del Catatumbo pidió el cese inmediato de las confrontaciones, que no son asunto de los últimos días, sino que desde que estallaron, el 14 de enero de 2025, llevaron a una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas en el país. “Estamos muy preocupadas por esta situación, porque se están matando entre hermanos, entre tíos y quienes quedamos en medio es la población civil”, dijo García.
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Ante los llamados de población civil, organizaciones sociales y autoridades regionales, el Gobierno Nacional anunció medidas urgentes para atender la crisis. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció por medio de una publicación en su cuenta de X que, tras el ataque al hospital de Filo Grigo, se ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú y el acompañamiento de una caravana humanitaria.
“Ante la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al cártel del Eln y al frente criminal 33 del cartel de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de las economías ilegales, activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, escribió el ministro Sánchez Suárez.
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Agregó que hubo un refuerzo del pie de fuerza por parte de la Policía Nacional en los cascos urbanos de Tibú y El Tarra. También hay apoyo por parte del Ejército en las zonas rurales de ambos municipios. “Desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, dijo el ministro.
Por su parte, el recién posesionado comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, dijo que habrá intervención de las fuerzas armadas en la región del Catatumbo para proteger a la población civil y recuperar el control tomado por el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln. El anuncio lo hizo en la tarde del 31 de diciembre, durante un viaje al departamento de Norte de Santander para seguir la crisis.
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“Ya hay tropas en desplazamiento, ya hay tropas en movimiento. Tenemos el apoyo de nuestra Policía Nacional, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de nuestro Ejército, para poder estabilizar la situación y garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”, dijo el general López Barreto.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, exigió tomar las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria, pues es la población civil la mayor afectada por estar en medio de la guerra a sangre y fuego que libran los grupos al margen de la ley. Pidió a las autoridades del orden regional y nacional atender las recomendaciones hechas en octubre de 2025, en la alerta con la que advirtió que la guerra en el Catatumbo, una vez más, era inminente.
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