9 Jun 2022 - 3:58 p. m.

Cero sancionados por violencia en el paro y otras cifras de Colombia a la CIDH

Se cumple un año de la visita histórica de la Comisión Interamericana a Colombia, en medio de la violencia que se vivió en el paro nacional y no hay una sola sanción o condena. Así se lo confirmó el Estado a la CIDH, en reportes de cifras.
Un año después del estallido social en Colombia, no hay una sola condena.
Un año después del estallido social en Colombia, no hay una sola condena.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Hace un año, un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzaba su visita de trabajo, que duró tres días, tras más de un mes de manifestaciones que se tomaron las calles de buena parte del país y en las que destacó la violenta respuesta de la Policía. Un año después, se sabe que hubo 57 personas muertas en las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. Al menos 29 de esos homicidios tendrían relación con las protestas. A la fecha, sin embargo, no hay una sola sanción o condena.

(Lea también: Un año de la visita de la CIDH en el paro: ¿en qué van sus recomendaciones?)

Las cifras las entregó el propio Estado colombiano a la CIDH en los últimos meses y están publicadas en el informe anual de derechos humanos que elabora esa corporación. Según el Gobierno, hubo 1.140 personas civiles lesionadas y 1.754 integrantes de la fuerza pública. Aunque la Comisión ha insistido en la necesidad de investigar y sancionar a los responsables, ni un solo caso ha llegado a término.

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Hay algunos avanzados en la justicia penal, como el homicidio de Santiago Murillo en Ibagué a manos de un mayor de la Policía, que ya entró a juicio. O, en Cali, que se convirtió en el epicentro de las manifestaciones y concentró buena parte de los hechos de violencia, también fueron llamados a juicio el comandante operativo de la Policía allí, el coronel Edgar Vega; y el comandante de operaciones especiales, el teniente Néstor Mancilla.

Sin embargo, buena parte de los casos, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, continúan en etapas preliminares. Estas fueron las cifras que envió el Estado a la CIDH:

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