Cero y van tres. Por tercera vez consecutiva, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no llegó a un acuerdo para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Un puesto al que están aspirando hace más de cinco meses las ternadas Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, mujeres postuladas por el presidente Gustavo Petro.
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Durante la jornada de este 22 de febrero, ninguna de las candidatas alcanzó los 16 votos necesarios para hacerse con el cargo de fiscal general de la Nación. Según el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, se retomará la votación en la sesión del próximo 7 de marzo. Asimismo, dijo que en la jornada de este jueves, una de las candidatas sacó una votación alta a la que no se había llegado antes “por lo cual se avizora un buen panorama para la elección”.
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La nueva jornada de votación aterrizó después de un antecedente inusual: las sostenidas protestas durante el pasado 8 de febrero, en las cuales decenas de manifestantes exigieron la pronta elección de la nueva fiscal, al tiempo que intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Justicia. Tales fueron los desmanes, que los magistrados, sobre las 5:30 p.m., tuvieron que salir escoltados por la Policía Nacional.
Ese 8 de febrero, la Sala Plena realizó hasta dos rondas de votación, pero ninguna de las candidatas logró el mínimo de votos. Sin embargo, durante la mañana de ese día, el exfiscal general Francisco Barbosa entregó su informe final de gestión. Previamente, el 25 de enero de este año, la Sala Plena también se reunió para elegir fiscal general, pero tampoco llegaron a un consenso.
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Así las cosas, Martha Manecera sigue como interina en el búnker, una situación para nada atípica en la historia del ente investigador. El primero de los interinos fue Guillermo Mendoza Diago, quien estuvo encargado por 16 meses, desde 2009 a 2011, para reemplazar a Mario Iguarán. El encargo se estrenó en medio de una confrontación entre la Corte y el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando ya había estallado el escándalo de la parapolítica y, detrás de él, el bochornoso enfrentamiento público entre el presidente Uribe y funcionarios del Ejecutivo con la Corte, encargada de procesar a congresistas que se vieron implicados en el crítico expediente.
El último caso fue el del abogado Fabio Espitia, quien quedó como encargado durante ocho meses, hasta que la Corte Suprema eligió a Francisco Barbosa, en enero de 2020. La Corte Suprema de Justicia ya envió comunicados públicos en los que, asegura, no admite presiones de ningún tipo. Y otros organismos de justicia solicitaron a la ciudadanía y al Ejecutivo mantener la calma y esperar a que los magistrados elijan en los tiempos que consideren necesarios.
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