Jorge Tadeo Mayo es uno de los cinco primeros muertos atribuidos a la guerrilla del M-19, una vez irrumpió en las puertas del Palacio de Justicia para tomarse sus instalaciones, el 6 de noviembre de 1985. Luego de más de tres décadas, su familia desconoce quién le disparó a la víctima y rechaza los nulos avances de la Fiscalía en su caso particular. A petición de sus cercanos, el expediente quedó desde este año en manos de la justicia internacional.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su estudio el caso de Jorge Tadeo Mayo, pues considera que el Estado pudo haber violentado los derechos de su familia a la vida y garantías y protección judiciales. La razón es clara: están a punto de cumplirse 37 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia y no se conoce quien disparó contra el administrador. No hay sanciones penales por el asesinato y todo indica que la impunidad seguirá latente.
“La Comisión valora los más de 36 años transcurridos desde que el Estado tuvo conocimiento del asesinato de la presunta víctima sin que el proceso penal relacionado con su muerte haya avanzado más allá de la fase de indagatoria (…). En estas circunstancias, la Comisión estima que los reclamos del peticionario respecto a que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigar, sancionar y reparar el asesinato de la presunta víctima no pueden ser tachados prima facie de manifiestamente infundados en esta etapa de admisibilidad”, se lee en la decisión.
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La familia de Mayo explicó que el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y su desarrollo por más de 28 horas dejó como saldo 94 personas fallecidas y once desaparecidas. No referenció a miembros de la Fuerza Pública como posibles victimarios, como ya lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no destacaron la omisión de los agentes del Estado por no actuar según sus funciones “pese a tener conocimiento de las amenazas”.
Los familiares de víctimas agregaron que la única diligencia relevante para el esclarecimiento de los hechos fue la exhumación del cuerpo de Mayo en 2018. No se explican cómo la resolución del caso ha tardado más de tres décadas. Intentaron que la CIDH reconociera posibles vulneraciones económicas. Sin embargo, el órgano de justicia interamericano negó esa petición dado que, en 1995, el Consejo de Estado declaró a la Nación responsable por los daños y les entregó una cantidad de oro.
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El Estado se defendió durante el proceso explicando que “la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de Jorge Mayo al día siguiente de su muerte y llevó a cabo un examen de contexto mediante el cual pudo identificar su cuerpo por dactiloscopia y entregárselo a sus familiares en noviembre de 1985. Adicionalmente, las autoridades lograron determinar que la muerte de la presunta víctima fue causada por un shock hipovolémico por herida toráxica por proyectil de arma de fuego. Las autoridades también tomaron al cadáver una tarjeta necrodactilar para realizar el cotejo de identidad”.
La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia publicó, en 2010, que una fuente anónima vio cuando guerrilleros del M-19 asesinaron a la víctima. “Un empleado del Palacio describió que lo vio cuando corría despavorido y al momento le dispararon y lo mataron”, se lee en el trabajo documental. La hipótesis sugiere que fue una de los primeros muertos de la guerrilla, apenas entraron al edificio. También cayeron un oficial de Policía, un agente de la Policía, un transeúnte y dos vigilantes privados.
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Un caso conocido en el sistema interamericano
En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su responsabilidad en la recuperación del Palacio de Justicia. Los nombres de 11 nacionales quedaron en la historia, pues Colombia permitió que resultaran desaparecidos en medio de un operativo a todas luces excesivo por parte de la Fuerza Pública. Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco (guerrillera), Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao, son las víctimas de ese delito.
Igualmente, se estableció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, víctima de la Fuerza Pública. El holocausto del Palacio de Justicia dejó casos tan surreales como el de la señora Fabiola Hernández, quien por más de 30 años rezó los restos de dos guerrilleros del M-19, creyendo que se trataba de su esposo Libardo Durán, escolta del magistrado Alfonso Reyes. Restos de desaparecidos, además, han sido encontrados en fosas comunes y algunas familias aún esperan encontrar los suyos.
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Una empresa de aseo, tras la noche de la barbarie, recogió los cuerpos calcinados, los cuales fueron mezclados tras chorros y chorros de agua con los que los bomberos intentaron apagar las llamas. El Gobierno Nacional, en una decisión más que curiosa, emitió por televisión y radio pública el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente a la segunda fecha del octagonal final. Todo mientras el fuego cruzado daba con los cuerpos de inocentes y beligerantes. En el caso de Mayo, todo indica que un antiguo integrante del M-19 lo asesinó, pero su identidad permanece desconocida.
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