CIDH le pidió el Estado información sobre situación del gobernador Carlos Caicedo

Carlos Caicedo

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

En 10 días, el Gobierno Nacional debe informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo cuenta con esquema de protección, cómo está integrado y si resulta idóneo para suplir las necesidades de seguridad. Además, debe remitir información sobre los avances de las investigaciones que se adelantan en territorio nacional por cuenta de las amenazas que denunció semanas atrás y por las cuales salió del país.

La solicitud de información del órgano internacional obedece a que Caicedo a través de su equipo de abogados solicitaron que se decretara medidas cautelares con el fin de garantizar su vida e integridad como mandatario regional. En el análisis de la solicitud, la Comisión también pidió información sobre la posible fecha de regreso del gobernador al país, y por supuesto, exponer la denuncia en detalle que hizo Caicedo ante las autoridades.

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“De ser el caso, señalara las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría mediante un relato detallado, cronológico e individualizado con la inclusión, de ser posible, del correspondiente soporte documental -audios, fotografías, capturas de pantalla, panfletos, entre otros”, dijo la Comisión en la misiva remitida al Gobierno.

El caso del gobernador Caicedo se empezó a mover desde el pasado 25 de agosto momento en el que se conoció que había salido del país debido a que, según denunció él y su equipo de trabajo, conoció de un plan de acabar con su vida por parte del Clan del Golfo. Las denuncias las hicieron llegar a la Fiscalía y a la Policía quienes anunciaron que abrieron las investigaciones para establecer la veracidad de la información y actuar de ser necesario.

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Desde la Policía, el general Fernando Murillo, director de la Dijin asumió la investigación. El general Jorge Vargas director de la institución le designó el caso debido a que Murillo lidera las investigaciones y operativos que se adelantan contra el Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, máximo jefe del Clan de Golfo.

Una vez Caicedo salió del país, Vargas aseguró que Caicedo es uno de los gobernadores que tiene el esquema de seguridad más grande del país. En ese entonces el oficial explicó que la defensa de los mandatarios regionales y alcaldes es responsabilidad de la Policía por lo que meses atrás, el coronel Samir Pava, comandante del departamento de Policía en Magdalena recibió instrucciones para que mantuviera contacto permanente con el equipo de seguridad de Caicedo.

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“No de ahora es uno de los esquemas más reforzados del país, desde hace bastante tiempo y hace un par de meses ese esquema es uno de los prioritarios para la Policía Nacional. Ha sido instrucción del señor presidente, del señor ministro del interior y del señor ministro de defensa”, expuso en su momento el oficial.

El caso que se ha movido en varios en la Fiscalía y la Policía también tuvo un pronunciamiento por parte del Clan del Golfo. En una misiva rechazaron la apreciación de Caicedo sobre las supuestas amenazas en su contra. “Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen los políticos en evidencia por su pésima gestión. Convendría al señor Caicedo dedicarse a gobernar para lograr una mejor vida de los habitantes de este hermoso departamento de Colombia, porque para ello lo eligieron quienes creyeron en su propuesta”, dice el documento que público el mismo gobernador.

Sobre Caicedo, en diciembre pasado, la Fiscalía lo vinculó en una investigación en la que reposan los nombres de Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar alias Jorge 40, confesos paramilitares, que han purgado varias condenas por hechos cometidos mientras hicieron parte del grupo al margen de la ley. Sobre el gobernador, el ente acusador ha dicho que tiene una posible responsabilidad en las muertes del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Maduro en el año 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002. Los tres, así como otros estudiantes y funcionarios del plantel que resultaron muertos, al parecer eran críticos de la gestión de Caicedo.

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