Un documento de 690 páginas emitido esta semana por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retrata en parte algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla de las Farc en contra del pueblo negro afrocolombiano y siete pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Se trata de la imputación en contra de cinco exjefes del Bloque Caribe de ese grupo ilegal, que operó entre 1996 y 2007 en Cesar, Magdalena y La Guajira.
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Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Gilberto Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; Héctor Hernández, alias “Fabio Borges”; y Marcos Martínez, alias “Silfredo” fueron llamados a reconocer responsabilidad por al menos 423 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa. La investigación puso de manifiesto el tamaño de la barbarie de las Farc en esa región del país.
El subcaso llamado Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá hace parte del caso 09 de la JEP, en el que se investigan los crímenes en contra de comunidades étnicas en el marco del conflicto armado interno. La JEP determinó que allí ocurrieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, persecución y violación. Así como los crímenes de guerra de homicidio, desplazamiento, tortura, violación, saqueo y destrucción de bienes culturales y lugares de culto.
En contexto: JEP imputa a cinco exjefes de las Farc por 423 crímenes contra indígenas y afro en el Caribe
La imputación fue liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, correlator de este subcaso. El togado hizo énfasis en la importancia de esta decisión por su enfoque étnico y por ser la primera imputación relacionada con el caso 09. “Hay un gran valor en la imputación que se hace del crimen de lesa humanidad de persecución, porque es la dimensión discriminatoria del ejercicio de violencia que muchas veces no se reconoce porque se normaliza y se elude sistemáticamente la discriminación que está detrás”, le dijo el magistrado a El Espectador.
En su investigación encontró que, entre los crímenes por los cuales fueron llamados a reconocer responsabilidad estos exintegrantes de las Farc, hay 163 que corresponden a asesinatos, 211 a desplazamientos forzados, 53 a desaparición forzada y 25 son violencia sexual y violencia basada en género. De estos hechos, 318 ocurrieron entre 1996 y 2007, que es el período priorizado en la investigación. Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad se concentró en 83 hechos ilustrativos de lo que ocurrió en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá.
Esos hechos responden a cinco patrones criminales: cooptar organizaciones étnicas y vaciar el territorio de autoridades y liderazgos; eliminar, amenazar o desterrar a “enemigos” o colaboradores de otros grupos armados; castigar a quienes incumplían sus reglas de control territorial; controlar a las mujeres y niñas mediante violencias de género; y dominar áreas estratégicas. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, El Espectador recopiló algunos casos.
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Edinson Salas Rodríguez y Carlos García
En la madrugada del 22 de diciembre de 2004, presuntos integrantes del Frente 41 de la antigua guerrilla de las Far llegaron a la finca Alto de las Águilas, ubicada en la vereda Makenkal del corregimiento de Sicarare, en Codazzi (Cesar). Allí vivían Omar Salas Rodríguez y su hijo, Edinson Salas Rodríguez, quienes eran afrocolombianos y se dedicaban al cultivo de café, lulo, mora, plátano y malanga. Los hombres armados entraron a la casa, tiraron contra el suelo a quienes estaban en la vivienda, los amarraron y se los llevaron.
El mismo día, los guerrilleros se tomaron la vivienda de Efraín García y su hijo, Carlos García, a quienes se llevaron con ellos. Días después, como lo recopila la investigación de JEP, los cuerpos de Omar Salas y Efraín García fueron encontrados en una fosa común, en avanzado estado de descomposición. Habían sido descuartizados. Los cuerpos de Edinson Salas y Carlos García, quienes habían sido raptados el mismo día, no fueron hallados. Han pasado más de 21 años y sus familias, a pesar de que tuvieron que desplazarse forzosamente, aún los están buscando.
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Luz Amparo Torres Daza
Luz Amparo Torres Daza, más conocida en su comunidad como “La Tita”, era una lideresa indígena del pueblo kankuamo en el departamento del Cesar. El 11 de agosto del año 2000, cuando se desplazaba por la vía entre Atánquez y la Mina Arroyo, en Valledupar, después de asistir a una manifestación en su comunidad, al parecer hombres del Frente 59 de las antiguas Farc la interceptaron. Según la JEP, fue obligada a bajar de su vehículo, le pidieron su cédula, la retuvieron y torturaron durante 20 días. Hasta hoy, sigue desaparecida.
Alfonso de la Cruz Nieves Loperena y Luis Carlos Nieves Daza
Sobre las 3:00 de la tarde del 13 de mayo de 2002, Alfonso de la Cruz Nieves Loperena estaba en una tienda de la vereda Curazao, en el corregimiento de La Junta de San Juan del Cesar (La Guajira). Estaba tomando cuando llegó su hijo, Luis Carlos Nieves Daza, de apenas 18 años. Tres hombres armados y con pasamontañas llegaron al sitio, los golpearon, los obligaron a subirse a un taxi de color amarillo y se los llevaron hacia una zona conocida como Potrerito, ya en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Era lunes festivo cuando Alfonso Nieves y Luis Nieves, padre e hijo, indígenas del pueblo wiwa, fueron desaparecidos. El hecho fue atribuido al Frente 59 de la guerrilla de las Farc, al mando de alias “El Indio”. Según relataron sus familiares a la JEP, mientras los hombres armados los golpeaban, los acusaban de ser informantes de los paramilitares que también operaban en la región. No vivían allí, solo estaban visitando a una familiar. Han pasado más de 24 años y, aunque saben que fueron asesinados, sus familiares no han encontrado los cuerpos.
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Merilo Agustín Arias Ariza
El 26 de mayo de 2002 fue domingo de elecciones presidenciales en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta contra el candidato Horacio Serpa. Ese día, Merilo Agustín Arias Ariza salió a Valledupar a ejercer su derecho al voto. Al día siguiente, cuando regresaba a su casa, el indígena del pueblo kankuamo fue retenido en el camino, al parecer, por guerrilleros de las Farc. Los informes recibidos por la JEP indican que iba hacia la Serranía de Potrerito cuando lo obligaron a bajar del vehículo en el que iba. Fue desaparecido. Aún no hay noticia de él.
Ángel de Jesús Pacheco Malo
“El día 9 de diciembre de 2003, mi esposo, Ángel de Jesús Pacheco Malo, salió de la casa donde vivíamos. Iba para Marokaso (San Juan del Cesar, La Guajira), a donde mi mamá. Me dijo que volvía a los cinco días. A los 14 días de mi esposo haber salido de la casa, el papá de Ángel llegó hasta mi casa y me preguntó que si yo no sabía nada de mi marido. Yo le dije que no, entonces mi suegro dijo que mi marido estaba muerto, que no lo esperara más, que él no iba a volver, que no lo pensara más, que me encargara de mis hijos.
“Él no me dijo más nada, ni cómo se enteró, ni dónde estaba el cuerpo de mi marido. Después, una tía mía me dijo que la guerrilla lo había agarrado y lo mataron. Que ella no me había dicho nada porque la guerrilla la había amenazado de matarla si decía lo que pasó con mi esposo. Después me dijeron que lo habían matado por el Machín. Me dicen que está enterrado por ahí, pero yo nunca he ido por allá. A mí me dijeron que lo habían agarrado las Farc (...) No sé qué problemas tendrían ellos con la guerrilla; yo tuve tres hijos con Ángel”. Su esposa aún lo busca.
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Por Gustavo Montes Arias
