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Coimas, contratos y votos: los casos que marcaron los ocho años de la Sala de Instrucción

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De izquierda a derecha, arriba: Iván Name, Karen Manrique, Andrés Calle y Wadith Manzur. Abajo: Eduardo Pulgar, Arturo Char, Aida Merlano y Mario Castaño.

El senador que ofreció dinero a un juez. El que aceptó participar en el saqueo de la plata para los enfermos de hemofilia. El exgobernador acusado de favorecer una explotación de oro que contaminó los ríos. Los expresidentes del Congreso señalados de recibir recursos destinados al agua de La Guajira. Y el excongresista llamado a juicio por el asesinato de un alcalde de la Unión Patriótica. Durante ocho años, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reunió pruebas para llevar estos casos ante los jueces. Sus investigaciones documentaron cómo el poder político habría servido para apropiarse del dinero público, comprar decisiones y eliminar a quienes disputaban su dominio.

(En contexto: Corte Suprema eligió a cinco nuevos magistrados para la Sala de Instrucción)

Esas investigaciones hacen parte de las cuentas que los primeros seis magistrados de la Sala entregaron a días de terminar su período. Este 8 de octubre cinco de ellos dejarán los despachos que ocuparon desde 2018, cuando comenzó a funcionar este equipo encargado de investigar a los congresistas. Antes del relevo, su presidente, Francisco Farfán, dejó constancia en un informe conocido por este diario sobre estos ocho años de trabajo. Allí reunió las decisiones más importantes que marcaron el recorrido de una Sala que nació con 464 procesos heredados de la Sala de Casación Penal del alto tribunal para terminar con 1.732 casos en reparto y 319 activos.

Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, cinco de ellos, salen del alto tribunal tras cumplir su periodo. / Archivo particular
Foto: Corte Suprema

La entonces nueva Sala nació para investigar a congresistas y excongresistas que conservaran su fuero, mientras otros magistrados se encargarían de juzgarlos. Esa separación, ordenada por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que llevó a una reforma constitucional, tomó forma entre expedientes que venían de atrás y denuncias que apenas comenzaban. Desde entonces, su tarea ha consistido en reconstruir los hechos, contrastar las versiones de testigos y seguir los rastros del dinero para decidir quién debe responder en un juicio y qué investigaciones deben cerrarse.

(Le podría interesar: El nuevo capítulo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras años de choques)

Ninguno fue un caso menor. Las investigaciones exigieron reconstruir redes en las que se cruzaban el poder de los congresistas, incluso activos, las decisiones de funcionarios públicos, los intereses de contratistas y las estructuras que movilizaban electores. Detrás de esos acuerdos, la Sala encontró sustento para acusar por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, concierto para delinquir y cohecho, entre otros delitos. En algunos expedientes, las alianzas alcanzaban a grupos paramilitares; en otros, los recursos para atender necesidades básicas terminaban convertidos en ganancias particulares o financiación de campañas.

Los magistrados Héctor Alarcón Granobles, Francisco Farfán Molina, Cristina Lombana Velásquez, César Reyes Medina, Marco Antonio Rueda Soto y Misael Rodríguez Castellanos compartieron el encargo de investigar a los congresistas. En total, esta primera cohorte abrió 157 investigaciones formales, resolvió la situación jurídica de 111 aforados y acusó a 80. Además, logró el preacuerdo en tres casos y, en otros nueve, consiguió una sentencia anticipada. La Sala también abrió 762 investigaciones previas, inadmitió 367 denuncias, declaró la prescripción o preclusión en 686 casos y resolvió 66 recusaciones y 111 impedimentos. Además, notificó 17.720 autos de sustanciación para impulsar los procesos.

(Lea también: Los secretos de la denuncia del magistrado Francisco Farfán contra Cristina Lombana)

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Detrás de esas cifras quedan expedientes que documentaron cómo se habrían negociado contratos, financiado campañas y buscado torcer decisiones judiciales. Los nuevos magistrados ya están elegidos: Andrea Bermúdez Sánchez, Patricia Hernández Zambrano, Javier Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. Por primera vez en la historia del país, una sala de la Corte Suprema estará integrada en su mayoría por mujeres. Este grupo de juristas será el que reciba las investigaciones pendientes y las pruebas recaudadas durante estos ocho años, con el encargo de seguir el rastro del dinero y establecer la responsabilidad de quienes habrían utilizado su poder político para obtener beneficios ilegales.

  1. Las coimas de la Ungrd
El expresidente del Senado, Iván Name (i), y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. EFE/
Foto: EFE - Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda

La plata destinada a llevar agua a comunidades indígenas de La Guajira habría terminado en manos de los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Según la investigación de la Sala, Name recibió COP 3.000 millones y Calle COP 1.000 millones, provenientes de la contratación irregular de carrotanques de la Ungrd. A cambio, debían apoyar proyectos del Gobierno, entre ellos las reformas a la salud y pensional. Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, contrastados con conversaciones, documentos y otros rastros, sustentaron la acusación que presentó el magistrado ponente, Francisco Farcán, el 27 de agosto de 2025, por cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. La Sala también ordenó la detención preventiva de ambos y hoy permanecen en la cárcel mientras avance el juicio.

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  1. Los proyectos a cambio de favores
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Bitar (Partido Conservador); Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); Karen Manrique (Curul de paz); Julián Peinado (Partido Liberal); Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
Foto: Archivo

En otra investigación de la Ungrd, la Sala reconstruyó una negociación en la que cinco congresistas habrían comprometido sus funciones a cambio de proyectos para sus regiones. Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique y Juan Pablo Gallo habrían aceptado esa promesa para emitir conceptos favorables sobre créditos del Gobierno desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La contraprestación habría sido proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Bolívar). Con ponencia de Misael Rodríguez, la Sala los acusó el 11 de marzo de 2026 por cohecho propio y ordenó detener preventivamente a Manzur y Manrique. Las pesquisas identificaron acercamientos y acuerdos que habrían involucrado a funcionarios del gobierno Petro.

  1. El ofrecimiento a un juez
Eduardo Pulgar durante un debate como senador de la República. / Archivo particular
Foto: Congreso

Un juez de Usiacurí (Atlántico) grabó el ofrecimiento de COP 200 millones que le hizo el entonces senador Eduardo Pulgar para obtener una decisión favorable en la disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. La Sala analizó esas conversaciones, verificó las voces mediante peritajes y reconstruyó las gestiones del congresista ante la Presidencia y el Ministerio de Educación para favorecer a un sector de los directivos que apoyaba sus campañas. Con ponencia de Marco Antonio Rueda, la Sala formuló cargos para sentencia anticipada por tráfico de influencias y cohecho en actuaciones judiciales. Pulgar aceptó su participación y fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión.

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  1. Los negocios de las Marionetas
El exsenador libertal, Mario Castaño. Murió el 18 de novimebre de 2023 cuando todavía estaba preso cumpliendo la condena que le impuso la Corte Suprema. / Archivo
Foto: Tomada de Twitter

El senador Mario Castaño movía los hilos: gestionaba recursos ante entidades nacionales y su red intervenía en la contratación municipal para favorecer a contratistas que pagaban coimas. Así operaban las Marionetas, una estructura criminal que la Sala identificó bajo el mando del senador. La investigación también documentó cobros a quienes buscaban empleos en el SENA y la Contraloría, y pagos a personas contratadas en el Senado que no prestaban sus servicios. Con ponencia de Misael Rodríguez, la Sala formuló nueve cargos que Castaño aceptó, entre ellos concierto para delinquir agravado, peculado, interés indebido en contratos, estafa y concusión. Luego remitió el expediente a la Sala de Primera Instancia, que le condenó a 15 años y 11 meses de prisión. Castaño falleció en noviembre de 2023.

  1. Los contratos a cambio de apoyos
Ciro Ramírez fue condenado a 23 años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. / Archivo
Foto: Óscar Pérez

Una bolsa de casi COP 49.600 millones para obras e interventorías habría servido para repartir contratos a cambio de dinero y apoyo electoral. La Sala investigó la participación del senador Ciro Ramírez en una estructura que, según la acusación, intervino en un convenio del Departamento para la Prosperidad Social para favorecer a varios contratistas a través de licitaciones amañadas. Testimonios, documentos y evidencia digital permitieron reconstruir los acuerdos y los beneficios que habría obtenido para su proyecto político. Con ponencia de Marco Antonio Rueda, la Sala lo acusó el 11 de abril de 2024 por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en contratos. También mantuvo su detención preventiva ante el riesgo de que obstaculizara la investigación. En marzo de este año, fue condenado a 23 años de prisión.

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  1. Las comisiones del carrusel
El exsenador Iván Moreno fue procesado por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación de Bogotá. / Archivo
Foto: LUIS ANGEL

Los contratos de alimentación y las obras del túnel Tunjuelo-Canoas hicieron parte de los negocios que la Sala rastreó alrededor del exsenador Néstor Iván Moreno, hermano del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. La investigación reconstruyó su intervención, en 2009, mediante emisarios, para favorecer a contratistas a cambio de comisiones provenientes de los anticipos. En esos acuerdos identificó pagos de COP 350 millones y COP 1.000 millones. Con ponencia de Cristina Lombana, la Sala formuló cargos por interés indebido en contratos y peculado por apropiación agravado. Moreno los aceptó y el expediente pasó a la Sala de Primera Instancia para sentencia anticipada, como parte de las actuaciones por el carrusel de la contratación de Bogotá. Fue condenado a 51 meses de prisión.

  1. Los votos de Casa Blanca
Arturo Char es procesado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción electoral. / Archivo particular
Foto: Archivo particular

Desde una sede conocida como la Casa Blanca, en Barranquilla, habría operado una red de compra de votos para elegir a Aida Merlano como senadora y Lilibeth Llinás como representante, así como reelegir a Arturo Char en 2018. La Sala reconstruyó el presunto acuerdo político entre las casas Char y Gerlein y documentó al menos COP 4.314 millones destinados a su campaña, provenientes, al parecer, del empresario Julio Gerlein. Según la investigación, Char habría coordinado la obtención de unos 10.000 votos en municipios del Atlántico mediante operadores políticos y el pago de los sufragios. Con ponencia de Francisco Farfán, la Sala lo acusó el 4 de diciembre de 2025 por concierto para delinquir y corrupción electoral. El juicio en su contra todavía está en curso.

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  1. La campaña que excedió los topes
eAida Merlano Rebolledo, después de ser deportada por el gobierno venezolano hacia Colombia en marzo de 2023. / Policía
Foto: El Espectador - José Vargas

La excongresista condenada Aida Merlano tenía un límite de COP 884 millones para su campaña al Senado de 2018, pero la Sala acreditó gastos de al menos COP 4.314 millones. La investigación siguió pagos a promotores, cheques endosados y operaciones con terceros que buscaban ocultar el origen y destino del dinero, aportado principalmente por el empresario Julio Gerlein (el mismo que aparece en la investigación de Arturo Char). Con ponencia de Marco Antonio Rueda, la Sala la acusó en 2021 por violación de topes electorales. Los magistrados establecieron que Merlano administró recursos de la campaña, conocía los límites y permitió que fueran excedidos. La acusación fue adicional a la condena que ya tenía por concierto para delinquir y corrupción electoral. Fue condenada a cinco años y seis meses de prisión.

  1. Las comisiones del Pacto del 10
El exrepresentante a la Cámara por las islas, Jack Housin Jaller fue acusado por concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho propio y concusión. / Archivo
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un aporte de COP 400 millones a una campaña a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2011 habría abierto el camino para controlar contratos en las islas. La Sala reconstruyó el Pacto del 10, un acuerdo entre el exrepresentante Jack Housni Jaller, la entonces candidata a gobernadora Aury Guerrero y el empresario Hernán Moreno. Según la investigación, Moreno financió la aspiración de Guerrero y, a cambio, él y sus socios serían favorecidos con contratos de los que retornarían el 10 % al grupo político. Las pesquisas identificaron presiones de Housni sobre funcionarios para cumplir el pacto. Con ponencia de Francisco Farfán, la Sala lo acusó el 4 de diciembre de 2025 por concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho propio y concusión. Su juicio todavía sigue en proceso.

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  1. El saqueo de la plata de la hemofilia
Musa Besaile aceptó su participación en el caso del cartel de la hemofilia. / Archivo particular
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Pacientes inventados sirvieron para cobrar tratamientos de hemofilia y desviar cerca de COP 54.000 millones del sistema de salud en Córdoba. La Sala reconstruyó la alianza entre Musa Besaile y el entonces candidato a gobernador, Alejandro Lyons, para apropiarse de esos recursos. Besaile aceptó cargos por concierto para delinquir agravado, peculado y contratos sin requisitos legales, y fue condenado a más de 11 años de cárcel. La investigación también llevó a acusar a la excongresista Sara Piedrahíta Lyons, quien habría recibido COP 1.000 millones para su campaña provenientes del mismo saqueo. Con ponencia de Marco Antonio Rueda, las actuaciones documentaron cómo la plata destinada a los enfermos terminó financiando intereses políticos y beneficiando a integrantes del entramado. La excongresista sigue en juicio.

En cuanto al caso de Sara Piedrahíta, su caso sigue en juicio en el alto tribunal. / Archivo particular
Foto: Twi
  1. El salario a cambio del puesto
El exsenador Carlos Ferro fue acusado por el delito de concusión, al establecer que habría condicionado el empleo a esas entregas. El juicio sigue en firme.
Foto: Archivo particular

Un puesto en el equipo del entonces senador Carlos Ferro habría tenido una condición: entregarle a él la totalidad del salario. La Sala investigó el nombramiento de Roque Julio Díaz en su Unidad de Trabajo Legislativo, en 2007, cuando buscaba completar las semanas de cotización para pensionarse. Según las pesquisas, Ferro le exigió consignar su remuneración en cuentas de terceros, incluidos colaboradores de su oficina. Los cobros se habrían repetido hasta agosto de 2010, cuando Díaz se cansó de pagarle a su jefe y terminó su vinculación laboral. Con ponencia de Francisco Farfán, la Sala acusó al exsenador el 5 de septiembre de 2024 por concusión, al establecer que habría condicionado el empleo a esas entregas. El juicio sigue en firme.

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  1. El asesinato de un alcalde de la UP
El excongresista Cesar Pérez fue condenado por homicidio de exalcalde de Remedios (Antioquia).
Foto: Archivo

Edgar Mazo Athehortúa, alcalde de Remedios elegido por la Unión Patriótica (UP), fue asesinado el 16 de mayo de 1988. Décadas después, la Sala reconstruyó los vínculos del excongresista César Pérez García con una estructura paramilitar que perseguía a integrantes de ese movimiento para preservar el dominio político liberal en el nordeste antioqueño. Testimonios y pruebas de otros procesos sustentaron la acusación del 8 de julio de 2021, con ponencia de Marco Antonio Rueda, por homicidio agravado. Los magistrados le atribuyeron responsabilidad como autor a través de ese aparato organizado de poder y consideraron el asesinato un crimen de lesa humanidad, cometido dentro del exterminio sistemático de la UP y, por tanto, imprescriptible. En septiembre de 2024 fue condenado a más de 23 años de cárcel.

  1. Las gestiones a favor de Odebrecht
Antonio Guerra de la Espriella fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión. / Archivo
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la lucha contra la criminalidad transnacional, la Sala llevó a juicio al exsenador Antonio Guerra de la Espriella por su presunta participación en la red de sobornos de Odebrecht. Las pesquisas rastrearon sus gestiones, entre 2009 y 2014, para conseguir beneficios tributarios para la Ruta del Sol 2 y financiación para la navegabilidad del río Magdalena. Con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, fue acusado por concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, cohecho propio y enriquecimiento ilícito. Testimonios, mensajes y registros de ingreso a entidades sustentaron la decisión. La Sala también identificó un incremento patrimonial injustificado de unos COP 1.212 millones y examinó un presunto pago de COP 200 millones por esas gestiones ilegales. Fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión.

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  1. El juez que falló una decisión ilegal
Pedro José Suárez Vacca fue acusado el 15 de agosto de 2024 por prevaricato por acción y en julio pasado fue condenado a más de cinco años de prisión.
Foto: Archivo Particular

Antes de llegar al Congreso en 2022 como representante a la Cámara, Pedro José Suárez Vacca fue juez de ejecución de penas en Tunja (Boyacá). La Sala investigó decisiones de esa época que habrían permitido conceder beneficios penitenciarios a cambio de dádivas. Entre ellas examinó dos providencias con las que otorgó prisión domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por secuestro, bajo el argumento de que era padre cabeza de familia. Los magistrados advirtieron que ese beneficio estaba prohibido para ese delito y que el juez no verificó las condiciones. Con ponencia de Francisco Farfán, la Sala lo acusó el 15 de agosto de 2024 por prevaricato por acción y en julio pasado fue condenado a más de cinco años de prisión.

  1. El sueldo por labores que no hizo
Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Perdomo Gutiérrez. / Archivo particular
Foto: Archivo Particular

Laura Fernanda Rueda Guerrero figuraba como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo, pero las labores las cumplía su madre, María Isabel Rueda. La Sala investigó esa contratación y estableció que la funcionaria nunca acudió al Congreso ni trabajaba de manera remota. Aun así, según la acusación, la congresista certificaba cada mes el cumplimiento de funciones que no había ejecutado. Con ponencia de Misael Rodríguez, la Sala acusó a Perdomo el 20 de marzo de 2025 por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto. Las pesquisas documentaron cómo esas certificaciones respaldaban pagos por servicios que la persona contratada no había prestado. El juicio en su contra sigue vigente.

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  1. La comisión por un cupo indicativo
La Sala de Instrucción acusó a Orlando Alfonso Clavijo por el delito de cohecho. Su juicio sigue en firme ante el alto tribunal.
Foto: Cámara de Representantes

Una partida para el desarrollo regional habría sido negociada a cambio de una comisión del 10 %. La Sala investigó al excongresista Orlando Alfonso Clavijo a partir del relato de Roberto José Herrera, quien, en su proceso de colaboración con la justicia, afirmó haberle vendido un cupo indicativo de Cundinamarca, cuando Clavijo representaba en el Congreso al departamento del Magdalena. Según ese testimonio, la contraprestación equivalía a una décima parte del valor de los recursos negociados. Con ponencia de Marco Antonio Rueda, la Sala lo acusó el 3 de febrero de 2025 por cohecho propio. El caso llevó ante la Corte la presunta negociación de recursos públicos destinados a financiar el desarrollo regional. El juicio en su contra sigue en desarrollo ante el alto tribunal.

  1. La oferta por un fallo favorable
Néstor Leonardo Rico fue congresista del partido Cambio Radical en la Cámara de Representantes. / Archivo particular
Foto: Archivo Particular

Una millonaria indemnización por la afectación de un predio en el humedal Jaboque en Bogotá habría servido para ofrecerle al ya condenado exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Vargas Bautista, una participación en las ganancias del litigio. La Sala investigó al excongresista Néstor Leonardo Rico por su presunta intervención en ese acuerdo para obtener decisiones favorables del Tribunal. Contrastó el testimonio de la abogada Kelly Eslava con contratos y documentos sobre los beneficios económicos pactados. Con ponencia del magistrado César Reyes, lo acusó el 24 de octubre de 2024 por cohecho y prevaricato por acción. El juicio en su contra sigue andando en la Sala de Primera Instancia.

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  1. Una cuenta pendiente de la parapolítica
Casi dos décadas después de los hechos, la Corte encontró sustento para llevarla a juicio, pero la excongresista falleció en octubre de 2024. / Archivo particular
Foto: Cristian Garavito

La parapolítica también dejó cuentas pendientes que llegaron a esta Sala de Instrucción. Una fue la de la exsenadora Daira de Jesús Galvis, acusada en noviembre de 2023 por presuntos acuerdos con paramilitares para impulsar su campaña al Congreso de 2006. Con ponencia del magistrado César Reyes, los magistrados reconstruyeron contactos con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y examinaron su relación con Enilce López, “la Gata”. Testimonios de exparamilitares, registros electorales y documentos sustentaron la acusación por concierto para delinquir agravado. Según la investigación, Galvis habría recibido apoyo financiero, logístico y electoral en zonas del Caribe y el Magdalena Medio. Casi dos décadas después de los hechos, la Corte encontró sustento para llevarla a juicio, pero la excongresista falleció en octubre de 2024.

  1. Los pagos por una reforestación incompleta
Jorge Alberto Cerchiaro Figuero fue acusado por los delitos de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación. El juicio en su contra sigue en pie. / Archivo particular
Foto: Archivo Particular

La reforestación contratada en Barrancas (La Guajira) en 2014 no se había completado, pero el entonces alcalde Jorge Alberto Cerchiaro autorizó pagos por cerca de COP 491 millones. La Sala investigó esas decisiones de quien después llegó a la Cámara de Representantes y contrastó informes de interventoría con un dictamen forestal y testimonios de habitantes de los predios. Las pruebas indicaban que parte de las labores no se ejecutó o incumplió las condiciones pactadas. Con ponencia de César Reyes, la Sala lo acusó el 3 de julio de 2025 por contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación. Los magistrados señalaron que delegar funciones no lo eximía de verificar las obras antes de pagar y el juicio en su contra sigue en pie.

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  1. Los contratos que financiaron la contaminación de dos ríos
Jimmy Hárold Díaz fue condenado a nueve años y 11 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia. / Cámara de Representantes
Foto: Cámara de Representantes

La contratación pública habría servido para fortalecer una explotación de oro que contaminaba los ríos Caquetá y Putumayo. La Sala investigó a Jimmy Harold Díaz, exgobernador del Putumayo y luego representante a la Cámara por ese departamento, y reconstruyó un acuerdo para favorecer a una organización minera con equipos, capacitación y apoyo institucional pagados con dinero público. Los peritajes documentaron dragas que alteraron los ecosistemas y dispersaron mercurio, plomo y cadmio. Con ponencia de Marco Antonio Rueda, lo acusó el 5 de marzo de 2020 por concierto para delinquir, contratos sin requisitos legales, peculado, receptación y contaminación ambiental. El daño a los ríos fue uno de los pilares de la acusación, junto al desvío de recursos públicos. Fue condenado a nueve años y 11 meses de prisión.

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