Los colombianos estamos, literalmente, parados sobre una mina de oro. El problema es que prácticamente toda esa riqueza que el país esconde en su subsuelo no está siendo aprovechada por el Estado, sino que termina en manos de los grupos armados. Y la mina no solo es de oro sino también de minerales raros o críticos como el cobre, el niobio, el níquel, el zinc, la plata, el platino y el tantalio, que son extraídos de manera ilegal y están llenando las arcas de organizaciones criminales, como el Eln y facciones de disidencias de las Farc. Como consecuencia, el Estado deja de percibir un recaudo fiscal de esos minerales que se estima que, para 2050, podría ser de entre COP 10 y COP 19 billones, una cifra equivalente a entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o a siete años del sector de defensa.
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A estas conclusiones llegaron Fedesarrollo y Loom Strategy Centre en el informe “Regulando para el Estado, no para el crimen: Renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia”. La organización gubernamental y el centro de pensamiento, que se enfoca en resolver desafíos críticos relacionados con la economía, el medio ambiente y la seguridad nacional, publicaron esta investigación hace unas semanas en la que buscaron responder a una pregunta central: “¿Quién toma hoy las decisiones sobre qué se extrae, dónde, cómo, por cuánto y quién se va a beneficiar?”. Como antecedente, el informe citó un dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) correspondiente a 2021, según el cual entre el 60 % y el 80 % del área de minería aluvial de oro en Colombia es de origen ilícito.
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Aunque el oro no hace parte de los minerales críticos, su importancia en términos de recaudo fiscal y actividad económica hace necesario incluirlo en el análisis. Según el informe, en 2025 la extracción ilícita de este metal generó entre COP 32 y COP 34 billones en ingresos brutos para las economías ilegales, una cifra equivalente al 1,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con el documento, la cadena criminal del oro se consolidó con el reposicionamiento del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que aprovecharon los vacíos de poder territorial, tras la firma del Acuerdo Final de 2016. En ese contexto, el informe advierte que el Estado reaccionó de manera tardía frente a la regulación de este mineral y hoy esas rentas son de los grupos que se organizaron alrededor de ese negocio.
Con ese antecedente claro, el informe explica que Colombia sí está a tiempo de regular la explotación de los minerales críticos, que además son fundamentales para la descarbonización y la transición energética que cada día tiene más fuerza a nivel global. Eso ya lo saben bien los grupos armados ilegales, pero el Estado va retrasado. No solo porque hoy no sabe cuánto ni dónde están estas minas, según la investigación, el país solo ha explorado el 2,6 % del territorio, sino porque ya se sabe que los grupos armados están financiándose de ese negocio y la fuerza pública no tiene ni siquiera cómo identificar los minerales, en caso de tener sospechas. “La disputa por estos recursos refleja no solo la transición hacia economías bajas en carbono, sino también la carrera por el liderazgo tecnológico”, se lee en el informe.
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Para entender mejor la importancia de estos elementos, el informe fue así de claro: “Estos minerales son insumos críticos de cuatro frentes simultáneos: la industria manufacturera, los sistemas de defensa avanzados, la digitalización y la inteligencia artificial —que demandan cobre, tierras raras y tantalio para semiconductores, centros de datos y conectividad— y la transición energética. El cobre, por su maleabilidad, ductilidad y conductividad, es transversal a todos ellos; el níquel es central para baterías y aceros especiales; el niobio y el tantalio son indispensables en electrónica, aleaciones de alto desempeño y aerogeneradores, entre otros usos centrales a la emergencia de tecnologías para la transición energética”.
Por sus características y alta demanda, al menos desde 2024 los grupos armados entendieron cómo se mueve ese mundo y, sin excepción, entraron a los mercados. Ahora bien, según el informe, “no se trata solo de gobernanza criminal en abstracto, sino de un grupo que se financia con recursos que deberían ser fiscales y que obliga al Estado a gastar más en seguridad para enfrentarlo”. En ese sentido, el investigador de Fedesarrollo, Jairo García explicó que el debate no debería centrarse en si debe o no haber minería, sino en cómo regularla para aprovechar su potencial económico sin descuidar la protección ambiental. La buena noticia es que Colombia todavía está en la ventana para montarse en este tren.
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No solo evitar que las economías ilícitas sigan su descontrolado crecimiento, sino también para saber cuál es el alcance de lo que hay en sus tierras. La investigación estima que esa ventana es de aproximadamente cinco años. Según explicó Enrique Sanz Posse, investigador de Fedesarrollo, el tiempo es limitado: “Si no regulamos bien esto, puede terminar pasando lo mismo que con el oro”. En la misma línea, Mariana Botero Restrepo, de Loom Strategy Centre, agregó que el primer paso para diseñar un sistema efectivo es conocer el terreno que se pisa. “Me parece difícil empezar a hacer una política pública si no sabemos qué minerales tenemos y en dónde. Ese es un primer paso sobre el cual hay mucho consenso”, explicó el experto.
Luego de tener el mapa claro, el informe explica que ya se podría hablar de una regulación, para ponerle reglas a la manera de hacer esta minería y para controlar su mercado. La investigación de Fedesarrollo y Loom Strategy Centre insiste en que el hecho de que el Estado tome cartas en este asunto, no solo fortalecería una política pública para promover la participación del sector privado en la minería del país, sino que también permitiría establecer una “estrategia para reducir las posibilidades de la extracción ilícita” y trazar una línea clara para que ella sea un “eje estructurante del desarrollo económico de regiones que hoy solo están viendo beneficios económicos marginales y un deterioro significativo de sus derechos democráticos”.
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La discusión, concluye el informe, no es entre minería o no minería, sino entre una actividad sometida a reglas ambientales y fiscales o una controlada por organizaciones criminales que operan sin ningún tipo de límite. En otras palabras, el reto no consiste en decidir si Colombia será o no un país minero, sino en evitar que esa riqueza siga fortaleciendo a las organizaciones criminales. Todavía más. La ventana para actuar, advierte el informe, es corta. Pero los investigadores Jairo García, Enrique Sanz Posse y Mariana Botero Restrepo son optimistas: “Estamos a tiempo”, concluyen.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
