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En un expediente único, Colombia le ganó una millonaria demanda a lo que quedó de la quebrada empresa Petroleum Exploration International, conocida en la década de los 2.000 como Pexín. Se trataba de una sociedad que alguna vez ofreció servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural en Colombia. La victoria no solo significa un precedente por el respeto de las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sino también le significó al Estado ganancias por $350.000 millones.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de darle la razón a la DIAN en un pleito que duró años y en la que Colombia se defendió con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El centro de la disputa estaba en la burla que le hizo la empresa de asistencia petrolera, hoy en reorganización, a la DIAN por la importación de maquinaria de trabajo que, aunque fue decomisada, siguió siendo utilizada como si nada.
La historia de este expediente comenzó en agosto de 2009, cuando la sociedad Pexín ingresó al país un equipo de perforación, bajo la modalidad de importación temporal a corto plazo. El término era de seis meses, como lo autorizó la DIAN en 2010. Pexín utilizó la maquinaria importada en un proyecto ubicado en Puerto Asís (Putumayo). La DIAN otorgó un plazo adicional de seis meses, pero, al dar la mano, le tomaron el codo.
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Pexín empezó a hacer lo posible por despistar a los funcionarios de la DIAN, al punto que le ocultaron la existencia de la maquinaria. Esa aparente mágica desaparición tenía una explicación y era que Pexín había arrendado la maquinaria a la compañía Vetra, la cual realiza los mismos servicios en Colombia. Al final, el elemento importado, que debía haber sido decomisado por la DIAN en 2011, terminó encontrado en 2015 en un pozo de exploración denominado Quinde, también en Putumayo.
La DIAN contrató a una empresa para hacerle inspección al equipo de perforación, que terminó desmantelado y almacenado en Neiva y Bogotá. El contratista concluyó que los componentes no estaban operando y, de hecho, los clasificó como “chatarra”, aunque tenía una vida útil de hasta 30 años. Con ello, la DIAN interpuso una demanda contra Pexín, empresa que para la época había quebrado años atrás y que terminó su relación con Colombia en 2019, al abstenerse de renovar su matrícula en el Registro único Empresarial (RUES).
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que “la sociedad demandada no demostró haber finalizado la importación temporal de esa mercancía, por cualquiera de los mecanismos indicados. Y si bien dijo haber solicitado la legalización voluntaria, no acreditó el pago de los tributos y las sanciones para ese trámite. Ante esa situación, la autoridad aduanera contaba con los fundamentos reglamentarios para aprehender, de manera preventiva, la mercancía indebidamente introducida al país”, explicó.
Por tanto, por daño emergente, el Tribunal concedió una indemnización de $91.000 millones a favor de la DIAN. Y, además, más de $255.000 millones por lucro cesante, por el dinero que dejó de recibir el Estado por las acciones de Pexín para ocultar la maquinaria. El Tribunal encontró, además, que Pexín, mientras ocultaba su máquina de las autoridades, había firmado dos contratos de préstamo con Vetra, en 2012 y 2013. Así lo confirmó el representante legal de la compañía nacional, quien aseguró que utilizó ese taladro de perforación entre 2014 y 2015.
No es la primera vez que la empresa Petroleum Exploration ha sido nombrada en procesos judiciales. Uno de sus fundadores y socios en las sedes de Colombia y Estados Unidos ha sido Gabriel Morales Fallón, cuestionado empresario sobre el que se ha levantado alerta en siete países por el supuesto delito de lavado de activos.
En el pasado, el empresario detrás de esa petrolera fue relacionado también como posible testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía o “Chupeta”. Aunque, según él, el proceso salió a su favor.
Esta semana, una investigación periodística de El Espectador reveló que Morales Fallón, además de sus negocios petroleros, también ha tenido intereses comerciales en la industria de la hoja de coca y el cannabis medicinal. Este diario contó que el mismo empresario estaría detrás de Power Leaves, la multinacional canadiense a la que este Gobierno le entregó la primera licencia para comercializar un biofertilizante con hoja de coca. En diálogo con este diario, él asegura que solo ha estado como “consultor” de algunos indígenas vinculados al proyecto.
Aunque la sociedad de Petroleum Exploration en Colombia se disolvió en 2022, su último representante legal fue Ramón Ricardo Castellanos, quien también llegó a ser representante en la empresa de hoja de coca, Power Leaves y ha estado en varios negocios junto a Morales Fallón. Actualmente, según le confirmó a este diario, Castellanos es el presidente y director de la petrolera en su filial en Panamá.
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