El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor del Estado en una demanda que buscaba que varias entidades nacionales y territoriales pagaran una indemnización de $620.000 millones por los supuestos daños causados en los predios Nicaragua, Zamora y Mauritania, a raíz de actividades de minería ilegal en la quebrada El Copey (Cesar).
La demandante, Brigeth Marina Meza Daza, pretendía que la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Corpocesar y el municipio de El Copey le pagaran una indemnización por “perjuicios materiales e inmateriales”, así como por “la responsabilidad patrimonial derivada de la omisión en la vigilancia y control de la actividad minera”, según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
Tras la investigación y el análisis de pruebas, el Tribunal concluyó que, si bien la quebrada El Copey sí sufrió afectaciones ambientales y estaba geográficamente rodeada por los predios mencionados, en la resolución del 17 de agosto de 2016, mediante la cual se impuso una sanción a Servicanteras Copey ASCC, no se precisó quiénes eran los propietarios de dichos inmuebles.
Por otra parte, el Tribunal señaló que tampoco está demostrado que los impactos ambientales advertidos por las entidades territoriales, en labores de seguimiento, hubieran afectado directamente los predios de la demandante ni alterado las condiciones de su terreno.
Meza Daza presentó como prueba un documento suscrito por Humberto Nieto Simanca, quien alegaba ser ingeniero ambiental. En este informe se describían los daños sobre el predio conocido como Nicaragua. Sin embargo, el Tribunal resaltó que “dicho informe ambiental, que apenas parece similar a un dictamen pericial, no reúne los requisitos para considerarse como tal ni fue sometido a la sustentación y contradicción que exige la norma procesal para que lo allí consignado sirva como prueba dentro del proceso; por ende, es claro que no resulta útil para considerar probado el daño”.
Asimismo, el Tribunal indicó que tanto la Agencia Nacional de Minería como Corpocesar ejercieron labores de control y sancionaron a la concesionaria minera Servicanteras Copey ASCC por incumplimientos en el plan de manejo ambiental.
Según la sentencia de primera instancia, la denunciante afirmó que en octubre de 2015 uno de sus empleados le informó que trabajadores de Servicanteras Copey ASCC ingresaron de manera violenta a su predio con maquinaria pesada para abrir un camino hasta la quebrada, argumentando que contaban con un título minero que les daba el derecho a explotar sus recursos naturales.
Meza Daza aseguró haber acudido a las autoridades municipales y a la fuerza pública; sin embargo, según dijo, “no la socorrieron ni impidieron que la empresa minera permaneciera ilegalmente en su predio para explotar el recurso natural presente en la quebrada”.
Pese a ello, el Tribunal Administrativo del Cesar mencionó que la Policía Nacional sí ejerció sus funciones “dentro de sus competencias”, atendiendo las denuncias e inmovilizando maquinaria en el lugar.
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