Con demanda piden tumbar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19
El movimiento Veeduría Ciudadana por la Verdad presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020, en la cual se aprobó el Plan Nacional de Vacunación.
El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 completó su primer día, tras la llegada de 50.000 dosis de Pfizer, y ya tiene una demanda en su contra por, presuntamente, no ajustarse a los derechos de la Constitución. El movimiento Veeduría Ciudadana por la Verdad, conformado por “farmacovigilantes”, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020, por medio de la cual el Congreso aprobó la estrategia de inmunización contra el coronavirus porque iría en contra del derecho fundamental a la vida.
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De acuerdo con los demandantes, la Corte Constitucional deberá estudiar si el Plan Nacional de Vacunación vulnera el Artículo 11 de la Carta Magna, el cual indica que “la vida es el derecho más importante para los seres humanos”. ¿Cuáles son las razones para querer tumbar la estrategia de inmunización? Pues según el colectivo, el Gobierno erró al exonerar de toda responsabilidad a las farmacéuticas ante posibles afectos adversos y, además, aprobó una Ley que se ampara en un medicamento desarrollado “con mucha rapidez”.
“En contraposición al derecho a la vida, encontramos que esta Ley 2406 de vacunación, resulta polémica, desde el punto de vista político y social, ya que exonera a las farmacéuticas de efectos adversos de las vacunas y por lo tanto van en contravía de garantizar el derecho a la vida de los pacientes que decidan voluntariamente vacunarse, al no garantizar la seguridad y la efectividad de las vacunas”, agregó el colectivo Veeduría Ciudadana por la Verdad, en un documento conocido por El Espectador.
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Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes, sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
Por otro lado, en la demanda se le hace una fuerte crítica al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien a principio de año aseguró que todas las empresas “exigen un acuerdo de confidencialidad” y que ventilar información podría acarrearle sanciones al Gobierno y el corte del suministro de las vacunas al país.
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“El Gobierno Nacional, al no publicar los contratos firmados con las farmacéuticas, está incumpliendo el artículo décimo: Transparencia y Control Ciudadano, de la misma ley 2064. El Gobierno está incumpliendo por no hacer público los contratos firmados con las farmacéuticas para adquirir la vacuna, limitando el acceso a la veeduría ciudadana”, explicó el colectivo. Tal artículo, como lo firmó el Congreso, solo hace referencia a la publicación mensual de un informe de “fácil acceso”, y el tema no ha estado exento de controversia.
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Por otro lado, para el colectivo demandante generan ruido las declaraciones del ministro de Salud Fernando Ruiz, quien el 6 de enero explicó en Blu Radio que se evitará la vacunación en personas alérgicas: “Estamos haciendo vigilancia cercana. En este momento el comité científico de vacunación está analizando el tema. Hay diferentes dimensiones de lo que llamamos alergia. Desde reacciones alérgicas localizadas hasta generalizadas. Por el momento, estamos evitando la vacunación de personas que sean alérgicas”, dijo en entrevista.
Finalmente, el colectivo aseguró que cuentan con una carta de 13 agremiaciones y sociedades científicas, las cuales también rechazarían que las farmacéuticas no respondan ante posibles complicaciones médicas. Entre los colaboradores estarían, según la denuncia, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.
La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, por su parte, en carta del 20 de febrero, se comunicó con El Espectador y , controvirtió la información desplegada por los demandantes del Plan Nacional de Vacunación, la cual fue comunicada en la primera edición de la presente nota. “Como agremiaciones no apoyamos, al contrario, estamos en contra de dicha tutela por su ligereza y poco fundamento; por lo tanto, las afirmaciones de la nota ponen en tela de juicio el criterio científico de las asociaciones enunciadas. Solicitamos a ustedes se retire de inmediato los nombres de las Asociaciones de dicha nota y se aclare en medio impreso y digital esta situación”, dijo la organización, en cabeza de la presidentaÁngela Caro Rojas.
*Nota de la Editora: la versión original de este artículo se actualizó con la versión de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la cual aclaró que no tiene nada que ver con esta demanda radicada en la Corte Constitucional y que, al contrario, la rechaza por su “ligereza”.
El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 completó su primer día, tras la llegada de 50.000 dosis de Pfizer, y ya tiene una demanda en su contra por, presuntamente, no ajustarse a los derechos de la Constitución. El movimiento Veeduría Ciudadana por la Verdad, conformado por “farmacovigilantes”, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020, por medio de la cual el Congreso aprobó la estrategia de inmunización contra el coronavirus porque iría en contra del derecho fundamental a la vida.
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De acuerdo con los demandantes, la Corte Constitucional deberá estudiar si el Plan Nacional de Vacunación vulnera el Artículo 11 de la Carta Magna, el cual indica que “la vida es el derecho más importante para los seres humanos”. ¿Cuáles son las razones para querer tumbar la estrategia de inmunización? Pues según el colectivo, el Gobierno erró al exonerar de toda responsabilidad a las farmacéuticas ante posibles afectos adversos y, además, aprobó una Ley que se ampara en un medicamento desarrollado “con mucha rapidez”.
“En contraposición al derecho a la vida, encontramos que esta Ley 2406 de vacunación, resulta polémica, desde el punto de vista político y social, ya que exonera a las farmacéuticas de efectos adversos de las vacunas y por lo tanto van en contravía de garantizar el derecho a la vida de los pacientes que decidan voluntariamente vacunarse, al no garantizar la seguridad y la efectividad de las vacunas”, agregó el colectivo Veeduría Ciudadana por la Verdad, en un documento conocido por El Espectador.
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Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes, sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
Por otro lado, en la demanda se le hace una fuerte crítica al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien a principio de año aseguró que todas las empresas “exigen un acuerdo de confidencialidad” y que ventilar información podría acarrearle sanciones al Gobierno y el corte del suministro de las vacunas al país.
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“El Gobierno Nacional, al no publicar los contratos firmados con las farmacéuticas, está incumpliendo el artículo décimo: Transparencia y Control Ciudadano, de la misma ley 2064. El Gobierno está incumpliendo por no hacer público los contratos firmados con las farmacéuticas para adquirir la vacuna, limitando el acceso a la veeduría ciudadana”, explicó el colectivo. Tal artículo, como lo firmó el Congreso, solo hace referencia a la publicación mensual de un informe de “fácil acceso”, y el tema no ha estado exento de controversia.
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Por otro lado, para el colectivo demandante generan ruido las declaraciones del ministro de Salud Fernando Ruiz, quien el 6 de enero explicó en Blu Radio que se evitará la vacunación en personas alérgicas: “Estamos haciendo vigilancia cercana. En este momento el comité científico de vacunación está analizando el tema. Hay diferentes dimensiones de lo que llamamos alergia. Desde reacciones alérgicas localizadas hasta generalizadas. Por el momento, estamos evitando la vacunación de personas que sean alérgicas”, dijo en entrevista.
Finalmente, el colectivo aseguró que cuentan con una carta de 13 agremiaciones y sociedades científicas, las cuales también rechazarían que las farmacéuticas no respondan ante posibles complicaciones médicas. Entre los colaboradores estarían, según la denuncia, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.
La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, por su parte, en carta del 20 de febrero, se comunicó con El Espectador y , controvirtió la información desplegada por los demandantes del Plan Nacional de Vacunación, la cual fue comunicada en la primera edición de la presente nota. “Como agremiaciones no apoyamos, al contrario, estamos en contra de dicha tutela por su ligereza y poco fundamento; por lo tanto, las afirmaciones de la nota ponen en tela de juicio el criterio científico de las asociaciones enunciadas. Solicitamos a ustedes se retire de inmediato los nombres de las Asociaciones de dicha nota y se aclare en medio impreso y digital esta situación”, dijo la organización, en cabeza de la presidentaÁngela Caro Rojas.
*Nota de la Editora: la versión original de este artículo se actualizó con la versión de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la cual aclaró que no tiene nada que ver con esta demanda radicada en la Corte Constitucional y que, al contrario, la rechaza por su “ligereza”.