Luego de casi 35 años del asesinato del profesor Santos Mendivelso Cuconubo, maestro de la escuela de Turmequé (Boyacá), dos exagentes del antiguo cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional, conocido como F2, y adscritos para la época de los hechos a la Sijín, fueron condenados a 19 años y seis meses de prisión por este crimen.
Así lo decidió el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja el pasado 2 de marzo de 2026. Los hombres, identificados como Gustavo Amaya Ruíz y Eyery Flórez Bautista, fueron declarados responsables, en calidad de coautores, del delito de homicidio agravado por el asesinato del docente, ocurrido el 5 de abril de 1991, en Turmequé.
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Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación señaló que la muerte de Mendivelso Cuconubo ocurrió hacia las 7:00 de la mañana, cuando el docente se dirigía al colegio donde impartía clases. En ese momento fue interceptado por varios sujetos y uno de ellos, con un arma de fuego, le disparó en repetidas ocasiones y acabó con su vida.
Sus agresores, quienes vestían prendas similares a las de otros habitantes del municipio, emprendieron la huida en un vehículo campero marca Toyota, de color rojo, que los esperaba a la salida de la población. El órgano de control también indicó que el docente había sido señalado por los entonces integrantes del F2 de pertenecer al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que habría motivado su asesinato.
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El expediente sobre el crimen del docente Mendivelso Cuconubo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que el 13 de abril de 1999 emitió un informe sobre el caso, por la violación del derecho a la vida y a la protección judicial. En su pronunciamiento, el organismo internacional instó a que la justicia ordinaria de Colombia “emprendiera una investigación seria, imparcial y eficaz para juzgar y sancionar a los responsables del hecho”.
Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y defensor en el caso, se pronunció sobre la condena contra los responsables. “La persecución contra el profesor está relacionada con el hecho de que era un líder sindical que defendía la educación pública y exigía el nombramiento de maestros para que los estudiantes de sectores pobres de Boyacá pudieran asistir y recibir clases en la escuela”, le dijo a El Espectador.
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Asimismo, Carreño Wilches pidió que, luego de casi 35 años del crimen, “el Estado ejecute por lo menos las órdenes de captura y que estos criminales paguen sus penas respectivas”. Tanto Amaya Ruíz como Flórez Bautista fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 10 años. En su decisión, el juzgado también resolvió absolver al teniente José Rafael Álvarez Ureta, quien, en un inicio, había sido señalado por su presunta responsabilidad como coautor del homicidio.
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