Un hombre, identificado como Óscar Darío Cuadrado, fue condenado a 40 años de prisión por un juez especializado de Valledupar (Cesar), por los delitos de homicidio y desaparición forzada. Según las investigaciones, el capturado hacía Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaba a inicios de los 2000 en el municipio de La Paz.
Según las pruebas presentadas ante el juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Darío Cuadrado es uno de los paramilitares vinculados al asesinato de siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en hechos ocurridos el 9 de marzo del año 2000.
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Las víctimas hacían parte de una comisión que realizaba una diligencia de exhumación de cuerpos en zona rural del municipio de La Paz. Los hombres armados los abordaron y en medio de amenazas los trasladaron a una zona despoblada, para luego atacarlos con armas de fuego y desaparecer sus cuerpos.
Según la información entregada por la Fiscalía, Darío Cuadrado se desmovilizó el 10 de marzo de 2006 junto a otros presuntos integrantes de las AUC. Sin embargo, en octubre de 2021, fue capturado y vinculado formalmente por el crimen y desaparición de los servidores del CTI, en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000.
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Tras su captura, el hombre ha estado privado de la libertad. Las investigaciones de la Fiscalía indican que el crimen fue ejecutado por órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias “Tigre”, quienes eran los líderes del Bloque Norte de las AUC en esa época.
Las víctimas de esa masacre fueron Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Linares Correa, Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle. Desde que se perpetró el crimen no se sabe nada del paradero de los restos de los siete funcionarios; esta es la primera decisión judicial que se toma sobre su autoría.
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Este hombre no solo tendrá que pagar una condena de 40 años de prisión; también le fue impuesta una multa de 8.000 salarios mínimos; es decir, al menos $11.388 millones. También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por un período de 18 años.
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