La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena dejó en firme la absolución de Yuranis Judith Velazco Garrido, la lideresa social de El Salado (Bolívar) que fue víctima de un montaje judicial durante cinco años que, incluso, la tuvo al borde de la muerte. Desde marzo de 2021, la mujer enfrentaba un proceso penal por presuntamente amenazar a las familias de la comunidad que defiende y provocar el desplazamiento forzado de varias personas.
Por medio de un fallo de 85 páginas, esa instancia judicial ratificó lo que ya había dicho el juez de primera instancia: que el proceso en contra de la lideresa estuvo sembrado de errores por parte de la Fiscalía relacionados, entre otras cosas, con la vulneración de su intimidad por parte de las autoridades, la evidencia técnica, la cadena de custodia de las pruebas y la construcción de estereotipos en contra de ella: mujer, lideresa social y víctima de la violencia paramilitar de finales de los 90 e inicios de los 2000.
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Yuranis Velazco fue capturada el 13 de marzo de 2021 y llevada a juicio por los delitos de amenazas, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y desplazamiento forzado. La Fiscalía sostenía que había usado los teléfonos del café internet que tenía en su casa para enviar mensajes amenazantes y que era la autora de panfletos para intimidar a líderes sociales y hasta a su propia familia, en nombre de Las Águilas Negras.
La lideresa pasó siete meses privada de la libertad. Primero en varias estaciones de Policía de Bolívar y luego en la cárcel de Cartagena. Las precarias condiciones en las que estaba y la mala alimentación le provocaron una grave anemia y serios problemas renales. El 7 de mayo de 2026, el juez tercero penal de Cartagena, William David Oyola Yépez, la absolvió en primera instancia señalando que se había tratado de un montaje judicial.
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En su sentencia, el juez Oyola Yépez señaló que, si bien algunos de los mensajes investigados salieron de equipos ubicados en la vivienda de Yuranis Velazco, ese inmueble también funcionaba como el único café internet y papelería de El Salado, por lo que era frecuentado por gran parte de la comunidad e, incluso, por integrantes de la fuerza pública. En ese sentido, no era posible asegurar que un tercero distinto a Yuranis Velazco lo hubiera usado para enviar los mensajes amenazantes.
La Fiscalía apeló la sentencia absolutoria argumentando que no controvertía la existencia de las amenazas ni el desplazamiento de las víctimas, sino la valoración que el juez de primera instancia hizo de las pruebas para concluir que Yuranis Velazco no era responsable de esos hechos. Para el ente investigador, no era suficiente acreditar que terceros tenían acceso al mismo celular, para justificar que haya sido otra persona la que emitió las amenazas y no la lideresa.
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Al revisar la apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena explicó que, si bien hay relación entre el celular de Yuranis Velazco y el número desde el cual se enviaron algunas de las amenazas, el ente investigador no logró probar, ni siquiera con las versiones de testigos y víctimas, que la lideresa social fue “la persona que materialmente redactó, digitó o remitió los mensajes amenazantes”. Por el contrario, la base de la teoría de la Fiscalía estuvo en “una inferencia” que carecía de sustento real.
Lo que sí logró probar la defensa de Yuranis Velazo, liderada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), es que los panfletos amenazantes que circularon por El Salado no se imprimieron en la impresora que tenía la lideresa en su pequeño café internet. Además, el Tribunal recalcó en su fallo de segunda instancia que, pese a que la lideresa estaba privada de la libertad e incomunicada, las amenazas contra la comunidad de El Salado continuaron.
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En ese sentido, era imposible que fuera Yuranis Velazco la persona detrás de esos constreñimientos que circulaban al tiempo que ella respondía ante la justicia por un proceso que, como le dijo en su momento a El Espectador, no le pertenecía. En ese sentido, el fallo de segunda instancia ordenó dejar en firme el fallo absolutorio y compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, dado el caso, investigue a los funcionarios judiciales relacionados con el caso que, por poco, le cuesta la vida a la lideresa.
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