La jueza 34 de familia de Bogotá emitió en la tarde de este 10 de septiembre una decisión con la que dejó en firme la medida preventiva de suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas en las que pueda haber presencia de menores de edad. El despacho rechazó una impugnación interpuesta por el presidente Abelardo de la Espriella, sus ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y los integrantes de la cúpula militar en contra de una orden del pasado 3 de septiembre que frenaba de manera parcial esas operaciones.
Esta decisión se conoce en medio del debate y los cuestionamientos al gobierno de De la Espriella por los bombardeos ordenados en las últimas semanas, en los cuales han resultado cuatro menores muertos. La primera operación fue el 10 de agosto, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), dirigida al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y dejó a un menor de 16 años muerto. Pocos días después, el 27 de agosto, hubo un segundo bombardeo contra las disidencias de las Farc comandadas por alias "Calarcá Córdoba", en Guaviare, en el que murieron dos menores.
Lea también: Un mes después del terremoto, ellos siguen ayudando: las historias de los rescatistas
En medio de la polémica por los bombardeos, un ciudadano interpuso una acción de tutela que busca “frenar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”. El recurso fue admitido el pasado 3 de septiembre por una jueza de Bogotá que, además, ordenó como medida cautelar suspender inmediatamente cualquier bombardeo en zonas donde pueda haber presencia de menores de edad.
El presidente De la Espriella, los ministros Mora y Lara, el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; el general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército; el general Juan Jaime Martínez, comandante de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Javier Jaimes, comandante de la Armada, impugnaron la decisión de la medida cautelar. Pero la jueza 34 de familia la declaró improcedente porque, en su concepto, "no existen razones suficientes para revocar la medida decretada".
Le puede interesar: Caso Ungrd: Tribunal deja en firme la orden de captura contra Carlos Ramón González
La decisión, divulgada por La FM, señala que no es necesario "un grado de certeza" del calibre del requerido en un fallo de tutela para mantener la medida cautelar. Y que, por el contrario, lo ocurrido durante los bombardeos en Catatumbo y Guaviare sirve como fundamento para mantener la suspensión provisional de los bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad. Un asunto difícil de determinar porque, como lo han dicho expertos consultados por El Espectador, los grupos ilegales usan cada vez más a los menores como "escudos humanos" para evitar que las Fuerzas Militares puedan adelantar operaciones especiales como los bombardeos.
De igual forma, la jueza señaló que la medida cautelar no implica congelar por completo los bombardeos ni las operaciones militares. Tampoco es "una invasión de las competencias constitucionales del presidente de la República". Lo que le exigen al Gobierno Nacional es hacer verificaciones más detalladas y exactas, con información verificable, sobre la posible presencia de menores de edad en zonas en las que adelanten operaciones como los bombardeos.
Más contenido: Capturan a cinco personas por presunto lavado de COP 2,3 billones del narcotráfico
Sobre la responsabilidad de los grupos armados en el reclutamiento forzado de menores de edad para sus filas, la decisión de la jueza señala que, si bien están incurriendo en un delito al unirlos a sus filas con engaños o forzosamente y ponerlos en medio de confrontaciones y hostilidades, eso no le quita al Estado su deber de verificar las condiciones en las que se adelantan operaciones militares, en aras de la precaución y la protección.
Especialmente en el caso de los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional, la decisión señala que sus derechos "prevalecen sobre los derechos de los demás". Y agrega que cuando una operación militar se adelanta en sitios en los que hay información de posible presencia de menores de edad, las responsabilidades del Estado "adquieren especial intensidad" y deben ser asumidas como tal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.