Caso Ungrd: Tribunal deja en firme la orden de captura contra Carlos Ramón González

La decisión se conoce después de que la defensa de Carlos Ramón González, que pasó de estar en manos del abogado Iván Cancino (hoy ministro de Justicia del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella) a estar a cargo de un abogado de oficio, interpusiera un recurso de apelación en contra del fallo emitido el pasado 24 de marzo, con el que el propio Tribunal dejó en firme la orden de captura y la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Dapre.

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La Fiscalía había solicitado la prórroga de ambas órdenes en junio pasado, argumentando que su vigencia estaba a punto de vencerse y que aún no se habían hecho efectivas porque Carlos Ramón González está prófugo en Nicaragua desde el año 2024, luego de que estallara el escándalo de corrupción y el ente investigador lo involucrara en el expediente. Incluso, la Interpol había emitido una circular roja en su contra, pero fue revocada en abril pasado sin mayores explicaciones.

Al evaluar la petición de la Fiscalía y la apelación del exdirector del Dapre a la decisión de primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la orden de captura por un año más y decidió no pronunciarse en lo relacionado con la orden de captura en contra de Carlos Ramón González. La razón, según los magistrados, radica en que, como el exfuncionario aún no ha sido capturado, los términos de la medida de aseguramiento no han empezado a correr.

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«Aunque la existencia de una medida de aseguramiento significa ciertamente para el procesado intranquilidad y restricciones para desenvolverse, está claro que son cargas que el destinatario está en el deber jurídico de soportar (…) Esta situación no equivale en últimas a la privación efectiva de la libertad, que es, al final, el propósito de su imposición. Mucho menos en este caso en el que González Merchán goza a plenitud de su libertad en el país que lo acogió en asilo», dice la sentencia.

En ese sentido, Carlos Ramón González mantendrá vigente la orden de captura en su contra, al tiempo que la Fiscalía hace gestiones para que también sea reactivada la circular roja de Interpol. Sin embargo, solo hasta el momento en el que llegue a ser capturado empezarán a correr los términos correspondientes a la medida de aseguramiento interpuesta en la decisión de primera instancia. Y será solo en ese momento cuando se defina, si llegaran a vencerse los plazos, si se prorroga o no.

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Para la Fiscalía, lograr que el otrora alfil del expresidente Gustavo Petro se presente ante la justicia es clave para avanzar en las investigaciones por el caso de la Ungrd. Las pruebas y testimonios recopilados por los funcionarios del búnker y entregados por otros exintegrantes del anterior gobierno que negociaron con la justicia, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, apuntan a que las órdenes de sobornar a congresistas con recursos públicos habrían salido del Dapre.

Según el ente investigador, Carlos Ramón González habría ordenado entregar coimas y contratos de la Ungrd a congresistas, a cambio de que votaran favorablemente los proyectos del gobierno Petro en el Congreso, especialmente las reformas sociales y los créditos internacionales. Por eso es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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El exdirector del Dapre ha defendido su inocencia desde el principio y ha dicho que hay una supuesta persecución política y existe un posible montaje judicial en su contra. La Fiscalía ha dicho que Carlos Ramón González no tiene pruebas de tales denuncias y también ha cuestionado los argumentos con los que Nicaragua le dio luz verde a su asilo político, indicando que la investigación se originó a partir de las declaraciones y señalamientos sustentados de su presunta participación.

La lista de exfuncionarios que ya están siendo procesados por este escándalo es extensa. Entre ellos están, por ejemplo, los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; y el exdirector de la Función Pública, César Manrique. La lista la completan los exintegrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes hoy están tras las rejas.

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