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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra el exrepresentante a la Cámara Niltón Córdoba Manyoma, hallado responsable como coautor impropio del delito de cohecho (soborno) por dar u ofrecer. Además, el alto tribunal ordenó su captura y dispuso que sea recluido en el establecimiento que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La sentencia, proferida en primera instancia por la Sala Especial de Juzgamiento el 19 de enero de 2024, condenó al exrepresentante a la Cámara por el Chocó a una pena cercana a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a 79 salarios mínimos mensuales vigentes.
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En su momento, la Corte lo halló culpable al demostrar que pagó a integrantes del denominado cartel de la toga para evadir dos procesos abiertos en su contra ante la alta corte. En uno de ellos era investigado por presunto lavado de activos de bandas criminales vinculadas con proyectos de exploración minera.
La raíz de su acusación está en la “oficina”, el bufete de abogados que había montado en 2012 el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado y, posteriormente, liberado tras cumplir su sentencia por el cartel de la toga.
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En esa oficina se recepcionaban los procesos de funcionarios de alto nivel, como Córdoba Manyoma, a quienes se les ofrecía una ayuda en la Corte Suprema de Justicia por debajo de cuerda. En los papeles, Gustavo Moreno quedó como el abogado del excongresista.
La “oficina” estaba integrada directamente por el exmagistrado condenado Francisco Ricaurte e indirectamente por Gustavo Malo, también exmagistrado condenado, quien tenía bajo su despacho varios procesos en la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el excongresista Córdoba Manyoma enfrentaba dos investigaciones, una de ellas por lavado de activos, que estaba próxima a ser asignada a los magistrados encargados de los casos de parapolítica.
De acuerdo con el expediente, Córdoba Manyoma habría recurrido a los servicios de la “oficina” como una especie de salvavidas judicial, por el que pagó hasta COP 400 millones. Así lo relató el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien confesó ante las autoridades que, desde entonces, comenzaron las maniobras para obstaculizar las investigaciones.
En ese punto entra en escena el exauxiliar judicial Camilo Ruiz, quien trabajaba con el magistrado Malo. Todos los implicados en la trama ya fueron condenados, excepto Ruiz. Según el testimonio de Moreno, Ruiz se habría comprometido a dilatar los procesos y a evitar que el expediente que relacionaba a Córdoba Manyoma con estructuras criminales llegara al grupo de parapolítica en la Sala Penal.
Los documentos de la Corte Suprema confirman que, durante ese periodo, no se realizaron solicitudes de pruebas ni actuaciones sustanciales por parte de la defensa, sino únicamente aplazamientos injustificados de las diligencias judiciales contra el exrepresentante Niltón Córdoba.
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