El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) contra la Resolución 1809 de 2025 del Ministerio de Salud, que establece nuevos requisitos operativos y financieros para quienes distribuyen medicamentos en el país. Esta decisión abre formalmente el proceso judicial con el que se busca determinar si esa resolución fue expedida conforme a lo que establece la ley en Colombia.
Según explicó FEDe, las nuevas exigencias del Ministerio de Salud “podrían reducir la competencia, disminuir el número de operadores farmaceuticos y terminar limitando el acceso de los pacientes a sus tratamientos”. En ese sentido, la fundación solicitó la nulidad de los artículos 7, 15, 20 y 25 de la resolución, que establecen nuevas obligaciones para los gestores farmacéuticos.
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Entre ellas, la norma exige la adopción de un “Código de Conducta y Buen Gobierno”, así como la creación de cuatro comités de gestión. Además, obliga a los operadores a implementar un sistema integrado de información que abarque todos los procesos, desde la selección y el inventario hasta la facturación y la contabilidad.
La resolución también establece un modelo de seguimiento permanente con 12 indicadores financieros que deberán reportarse trimestralmente y fija un plazo máximo de nueve meses para implementar las disposiciones contempladas en la norma.
¿Qué pide la demanda?
FEDe señala que el Ministerio de Salud omitió un paso fundamental: no solicitar el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) antes de expedir la resolución del Ministerio de Salud.
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Además, FEDe sostiene que la cartera ministerial reguló materias cuya competencia corresponde exclusivamente al Congreso de la República. “La resolución del Ministerio de Salud no se limita a ejecutar la ley que reglamenta, sino que la desborda al regular materias (como la estructura de gobierno corporativo y la viabilidad económica de las empresas) que son de competencia exclusiva del Congreso de la República”, señala la demanda.
En esa línea, la fundación argumenta que “los artículos 7, 15 y 20 de la Resolución 1809 de 2025 (...) constituyen la imposición de barreras de entrada y permanencia injustificadas que restringen de manera desproporcionada la libre competencia, favorecen la consolidación del mercado en unos pocos actores de gran escala y excluyen a los pequeños y medianos comerciantes”.
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En la demanda, FEDe explica que en el país existen más de 33.800 droguerías independientes, muchas de ellas negocios familiares. “De acuerdo con la información incorporada en la acción judicial, las droguerías de barrio surten al 81 % de los hogares colombianos, mientras que las grandes cadenas alcanzan el 29 %”, se lee en el documento.
Además de solicitar la nulidad de la resolución, FEDe pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo. Con la admisión de la demanda, el alto tribunal iniciará el estudio del caso para determinar si la Resolución 1809 de 2025 fue expedida conforme a la Constitución y la ley.
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