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La magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sandra Lisset Ibarra admitió la acción de tutela que interpuso el abogado Luis Domingo Gómez contra el presidente Iván Duque y a favor del Cóndor de los Andes por la presunta vulneración de los derechos a la personalidad jurídica y a la nacionalidad. El abogado reclamó que el animal tiene derecho a vivir como especie en su medio natural y a existir en el territorio nacional como símbolo viviente de la nación colombiana.
Gómez en su documento expuso que el ave voladora más grande y pesada del mundo se encuentra amenazada y categorizada como vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que significa que está enfrentando un riesgo alto de extinción en vida silvestre. De acuerdo con el libro rojo de aves de Colombia (2016) el cóndor se encuentra categorizado en peligro crítico al punto que su población no supera los cien especímenes.
En un análisis hecho entre el 13 y 15 de febrero del año en curso, en el país solo hay 63 cóndores. El reporte obedece al primer censo nacional de esta especie, que estuvo liderado por Parques Nacional Naturales de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas, Nariño, Cesar y Boyacá, así como la Fundación Cóndor Andino Ecuador, entre otras organizaciones.
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“El censo refleja enormes preocupaciones porque, tal como lo han registrado algunos medios, en Colombia habría menos cóndores de los que se estimaban”, dijo el abogado en su documento quien, además, añadió que en el Programa Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en Colombia, elaborado por el Ministerio de Ambiente, la población estimada de esta especie era de 98 a 118 con corte a 2006. “En otras palabras, desde el año 2006 a la fecha hemos perdido el 64% de la población de Cóndor Andino en el territorio nacional, una auténtica tragedia nacional que atenta contra nuestra identidad como pueblo”.
El abogado recordó que el cóndor juega un papel importante no solo por su habitabilidad en el territorio nacional sino porque hace de los actuales símbolos patrios, de ahí que considere que el presidente Duque esté obligado a proteger la identidad de la especie y de la comunidad política. Consideró importante solicitar ante el alto tribunal que el cóndor se declare como especie sujeto de derechos.
Pidió del mismo modo, que el presidente Duque adopte medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la especie, la recuperación de los ecosistemas donde ha habitado históricamente y crear una política pública que permita recuperar al animal hasta sacarla de las listas rojas de riesgo. De otro lado, solicitó que se cree una mesa de trabajo que permita hacer seguimiento a las decisiones que pudiera tomar el alto tribunal.
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Con las peticiones de Gómez, la magistrada Ibarra no escatimó en vincular, en calidad de terceros, a las corporaciones que hicieron el censo para determinar el número de cóndores que habitan en el país. Igualmente, ofició a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que estén enterados del proceso que se surte en su despacho.
Por su parte, la directriz para el presidente Duque y el Ministro de Ambiente es que en un término de dos días entreguen un informe respecto de la información que reveló el abogado en su acción de tutela. La magistrada dejó el espacio abierto para que las universidades Nacional, Javeriana y del Magdalena, así como el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt presenten sus conceptos respecto del tema.