El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad de la Nación por las graves lesiones que sufrió el ciudadano, luego de que le dispararan en la cabeza por accidente mientras caminaba frente auna estación de Policía en Popayán (Cauca). Como consecuencia, deberán pagar cerca de COP 1.553 millones a la víctima y a parte de su familia.
La decisión se deriva de los hechos ocurridos el 24 de junio de 2013. Ese día, hacia las 7:30 de la mañana, la víctima recibió un disparo proveniente del arma de dotación de un patrullero, quien se encontraba de servicio. Como consecuencia, fue trasladado a un centro hospitalario, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.
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A raíz del impacto, la víctima sufrió graves secuelas. Entre ellas, fue diagnosticado con síndrome de Gerstmann, un trastorno neurológico caracterizado por dificultades para escribir, realizar cálculos, reconocer los dedos e identificar la derecha y la izquierda. Además, presentó un trastorno de personalidad y una pérdida de capacidad laboral del 81,15 %.
En primaria instancia, el caso llegó al Tribunal Administrativo del Cauca, que el 1 de agosto de 2018 declaró la responsabilidad de la Policía Nacional y accedió parcialmente a las pretensiones del ciudadano, quien solicitó una indemnización a su favor, así como para su compañera permanente, sus hijos, su madre y sus hermanos.
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Además, el tribunal declaró responsable de los hechos al patrullero Wilmar Betancur Calderón, al considerar que actuó de manera imprudente y en contravía de las normas que regulan el manejo de armas de fuego. La Policía Nacional apeló la decisión y sostuvo que las lesiones sufridas por el ciudadano no se produjeron con ocasión del servicio, sino como consecuencia de una actuación personal e imprudente del uniformado.
Según su argumento, la institución “es particularmente cuidadosa y responsable en instruir a sus miembros armados sobre el manejo de las armas, siendo así que a todos y cada uno de ellos se les exige siempre la conservación de los cuidados del decálogo de seguridad”.
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Asimismo, afirmaron que el patrullero actuó fuera de sus funciones constitucionales: “quien realiza la agresión a la persona agredida es un miembro de la institución actuando de manera exclusiva y personal, apartado totalmente del servicio policial ajeno y diferente al ordenado constitucionalmente a nuestra institución”.
En ese sentido, el Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la responsabilidad de la Policía Nacional al concluir que la entidad no presentó argumentos para desvirtuar la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca. En cambio, se limitó a repetir los mismos planteamientos que había expuesto al contestar la demanda.
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En cuanto a la indemnización, el alto tribunal mantuvo el pago de 100 salarios mínimos mensuales vigentes (unos COP 175 millones) por perjuicios morales para la víctima, su compañera permanente, sus cuatro hijos y su madre. También ordenó reconocer 50 salarios mínimos (cerca de COP 87 millones) a su abuela materna y a cada uno de sus dos hermanos.
Además, ordenó pagar 300 salarios mínimos mensuales vigentes (más de COP 525 millones) a el ciudadano por los daños a la salud derivados del disparo. A esto se suma una indemnización por la afectación al derecho a la familia: 60 salarios mínimos (unos COP 105 millones) para la víctima y su compañera permanente, y 30 salarios mínimos (alrededor de COP 52 millones) para cada uno de sus cuatro hijos.
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