Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Consejo de Estado rechazó la solicitud de suspensión provisional presentada contra la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La decisión se adoptó tras revisar si los argumentos del demandante, Julio César Castañeda Acosta, cumplían con los requisitos que exige la ley para decretar este tipo de medida cautelar.
Castañeda sostiene que la Mesa Directiva del Congreso se excedió en sus funciones al expedir las resoluciones que regulan la convocatoria. Según la demanda, aunque el Congreso puede definir la ponderación de los criterios de selección, esa facultad no lo autoriza a crear nuevos requisitos, modificar los existentes ni exigir documentos que la ley no contempla.
Lea: Corte Suprema abre indagación contra Gloria Arizabaleta por intentar suspender a Petro
Uno de los principales cuestionamientos es que el proceso exige, como requisito de inscripción, la convalidación en Colombia de los títulos obtenidos por los aspirantes en el exterior. Castañeda argumenta que esta exigencia opera como una inhabilidad de hecho, pues el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional puede tardar semanas o incluso meses, lo que dificultaría cumplir con el requisito dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.
Frente a este punto, la Sala explicó que, en esta etapa del proceso, no existen elementos suficientes para confirmar la irregularidad alegada, ya que el demandante no identificó con precisión la norma que establecería ese requisito.
Lea también: Así será el dispositivo de seguridad para posesión presidencial de De la Espriella en Cali
Castañeda también cuestionó la forma en que se valoran los títulos académicos, al señalar que el reglamento invierte la jerarquía prevista en la Ley 30 de 1992. Según explicó, la tabla de puntajes favorece la repetición de niveles inferiores, como una segunda especialización, que otorga 10 puntos, mientras que estudios de mayor nivel, como un segundo doctorado, no generan puntaje adicional.
Además, criticó que la experiencia docente solo se reconozca cuando está relacionada con seis áreas específicas, entre ellas gerencia pública, control fiscal, responsabilidad fiscal, proceso fiscal y organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, pese a que, según afirmó, la ley no establece esa restricción.
Le puede interesar: Consejo de Estado suspende orden que habilitaba contrataciones públicas los fines de semana
Ante estos argumentos, el alto tribunal recordó que la Ley 1904 de 2018 faculta a la Mesa Directiva del Congreso para organizar la convocatoria y definir la ponderación de los criterios de selección. En consecuencia, la Sala no encontró, por ahora, una vulneración evidente que justificara la suspensión del proceso.
El Consejo de Estado explicó que la medida cautelar de suspensión provisional solo procede cuando la violación de una norma superior resulta evidente a partir de una confrontación directa entre el acto administrativo y el ordenamiento jurídico. En este caso, concluyó que los argumentos expuestos no demostraban una infracción manifiesta que permitiera suspender la convocatoria en esta etapa inicial.
Más noticias: “Renunciar a la justicia sería aceptar la impunidad”: hermana de Dilan Cruz
El alto tribunal agregó que asuntos como la legalidad de los requisitos documentales y la ponderación de la experiencia docente requieren un análisis de fondo y un debate probatorio, aspectos que deberán resolverse en la sentencia definitiva y no durante la etapa cautelar. Asimismo, precisó que el Congreso tiene competencia para desarrollar técnicamente el sistema de evaluación y que, por ahora, no es posible concluir que las temáticas exigidas para acreditar experiencia docente limiten de manera indebida el acceso al cargo.
Con esta decisión, el proceso para elegir al nuevo contralor general de la República continuará su curso mientras se resuelve la demanda de nulidad. Entre tanto, el Congreso ya convocó a sesión plenaria para el próximo 12 de agosto, fecha en la que está prevista la elección del nuevo jefe del organismo de control fiscal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
