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En la tarde de este jueves 30 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció el inicio de una indagación formal en contra de Gloria Elena Arizabaleta Corral, exrepresentante a la Cámara por el Pacto Histórico. El caso está relacionado con la expedición de una orden con la que pretendía suspender al presidente de la República, Gustavo Petro.
La excongresista será citada a indagatoria para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, por los hechos ocurridos cuando hacía parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa corporación es la encargada de investigar al presidente de la República.
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El pasado 10 de junio se conoció que desde el despacho de Arizabaleta había sido emitido un auto con el que se suspendía al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación en su contra por posible participación indebida en política. Según el alto tribunal, tienen declaraciones y evidencias que darían cuenta también de posibles “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión” por parte de la exrepresentante.
La propuesta de Arizabaleta levantó polémica en su momento. No solo porque la orden de suspender al presidente Petro se dio en plena campaña presidencial, a días de que el país fuera a las urnas para elegir al nuevo jefe de Estado. También porque, en términos judiciales, esa orden fue interpretada por un error como una suspensión inmediata del presidente de la República.
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El auto que salió del despacho de Arizabaleta no tuvo ningún efecto sobre la permanencia del presidente Petro en la Casa de Nariño. ¿La razón? En Colombia no existe ninguna norma o artículo de la Constitución que le permita a la Comisión de Acusaciones suspender a un presidente, tal y como intentó hacerlo la excongresista con ese documento firmado de su puño y letra.
Según la ley, la presunta participación indebida en política sí es una posible falta disciplinaria y en ese campo del Derecho sí existen las suspensiones provisionales de los funcionarios públicos sobre los cuales hay denuncias y pruebas que sustenten esa actuación. En esos casos, es la Procuraduría la que ordena el “castigo” de la suspensión mientras se dan las elecciones.
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Pero al jefe de Estado solo lo puede investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que hacía parte Arizabaleta, por su fuero presidencial. Según sus atribuciones, no hay una norma que la faculte para suspender al presidente, ni siquiera en casos disciplinarios como este. Cualquier acusación debe ser estudiada y aprobada por la plenaria de la Cámara.
Solo después de que esa corporación apruebe una acusación formal, el expediente puede pasar al Senado, que es la instancia encargada de conocer los procesos contra el presidente de la República. Es en esa etapa donde aparece la posibilidad de una suspensión de carácter temporal, después de que el Senado admita públicamente la acusación formulada por la Cámara.
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Aunque la orden de la excongresista Arizabaleta no tuvo ningún efecto sobre la permanencia del presidente Petro en la Casa de Nariño, a ella sí le acarreó una serie de consecuencias. Primero, la Procuraduría la suspendió de forma temporal en el marco de una investigación disciplinaria que adelanta en su contra, pues habría cometido una falta gravísima, porque no tenía las facultades para suspender a un jefe de Estado.
La segunda decisión es la que dio a conocer en la tarde de este jueves la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el inicio de la indagación en contra de la excongresista por los delitos mencionados. Si bien Arizabaleta no está repitiendo curul actualmente, los hechos que investiga el alto tribunal sí ocurrieron cuando ella tenía fuero especial por ser congresista.
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