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El Consejo de Estado le ordenó al alcalde de Bogotá tomar medidas para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, con el fin de evitar que se generen afectaciones al orden público, como sucedió el pasado 8 de febrero, cuando no se logró la elección de la nueva fiscal general. Con esta medida, el alto tribunal espera lograr “identificar y vigilar” a las personas que estén presuntamente interesadas en infiltrar las marchas y generar estados de alteración.
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El alto tribunal tomó esta decisión luego de estudiar una tutela presentada por el ciudadano Gerardo Antonio Duque Gómez, en contra de la Presidencia de la República. El hombre argumentó que se vulneraron los derechos a la vida y a la integridad personal de los menores de edad que estudian en los colegios aledaños al Palacio de Justicia y de los empleados de la Rama Judicial, durante las movilizaciones realizadas por la elección del Fiscal General de la Nación.
La orden del Consejo de Estado es de cumplimiento inmediato, pues para el jueves 22 de febrero están citados los magistrados para realizar una nueva votación en la que elegiría al reemplazo de Francisco Barbosa. Las medidas solicitadas incluyen el reforzamiento del pie de fuerza, el establecimiento de puestos de control de tráfico en las zonas próximas al Palacio y la actuación de acuerdo a los informes de inteligencia que recopilaron las denuncias de la marcha anterior.
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El denunciante también solicitó la suspensión de la elección del Fiscal General de la Nación, argumentando que “muchos medios de comunicación se pronunciaron que corrían peligro la vida e integridad de las personas que se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, en especial la de los Magistrados. Por otra parte, los mismos presidentes de las altas cortes en varios comunicados alertaron al país de la grave violación a la independencia y autonomía del poder judicial”. Sin embargo, esta pretención fue negada.
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