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“Contra el general (Nicacio) Martínez no hay ninguna investigación, ni disciplinaria ni en la Fiscalía General, ni en ningún juzgado ni en ninguna parte, mucho menos tiene una sentencia condenatoria”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió al comandante del Ejército, luego que la ONG Human Rights Watch, presentara un informe que lo relaciona con casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como “falsos positivos”.
El informe cuestiona que el ascenso de nueve generales, asegurando que se emite un mensaje preocupante ante la sociedad. Afirma, en el caso de Martínez, que este habría hecho un pago de un $1.000.000 a un informante por datos que habrían permitido falsos resultados cuando era segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006. Y resalta que la Fiscalía tiene abiertas investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada.
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El ministro Botero aseguró que, en el caso de Martínez, ante la falta de investigaciones, no tiene nada más que decir. Y sobre los otros oficiales, el funcionario dijo que todas las hojas de vida son revisadas exhaustivamente. El informe de Human Rights Watch, relaciona también al general Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, quien fue llamado a imputación de cargos por parte de la Fiscalía por su presunta participación en el homicidio de Omer Alcides Villada en el 2008. El oficial, quien tuvo una orden de captura vigente entre diciembre de 2016 y junio de 2017, se sometió a la JEP.
En su caso, el ministro aseguró que cree en la presunción de inocencia. “El general Villegas, por lo que presuntamente tiene que comparecer ante la JEP, es que presuntamente en algún momento en la IV brigada era el jefe de logística con sede en Medellín y pareciera ser que en el norte de Antioquia hubo algún incidente donde pudieron estar involucradas algunas personas, pero él estaba simplemente como operador logístico, o sea no tiene nada que ver”.
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El ministro Botero igualmente defendió al general Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada, quien según Human Rights Watch está siendo investigado por su rol “en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada”.
“En el caso del general David, cuando ocurrieron los hechos, él estaba en Pasto y los hechos ocurrieron si la memoria no me falla en el departamento del Atlántico”, dijo. Por casos de ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha adelantado investigaciones que han vinculado a 117 personas con rango de coronel y teniente coronel en 292 casos, de las cuales 15 serán llamados a imputación de cargos.
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Entre el primero de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018, señaló el organismo investigativo, se habían hecho 48 aperturas de instrucción, 72 acusaciones y 99 archivos de investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la Ley 600 del 2000. Y en el sistema oral, la Fiscalía reportó en ese mismo periodo de tiempo, siete condenas, dos archivos, 113 imputaciones de cargos, 53 acusaciones y tres negociaciones con implicados.