La Contraloría realizó una auditoría financiera a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y determinó que existirían irregularidades por más de %5.600 millones, en lo que tiene que ver con el control y regulación de la aviación civil en el país. Específicamente, el ente de control se refirió a un contrato para el mantenimiento y operación de sistemas de aguas residuales, potables e industriales, manejados por la Aerocivil.
De acuerdo con la Contraloría, la Aerocivil suscribió el contrato 22001380 02 H3 de 2022, que tiene por objeto prestar el servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas en la regional centro sur. El ente de control señaló que ese acuerdo no cuenta con “las debidas licencias, permisos y autorizaciones necesarias, particularmente en los terminales aéreos de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón”.
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Dentro de los hallazgos, la Contraloría resaltó que para la operación y tratamiento del agua potable (PTAP) de una Terminal Aérea que cuente con este sistema de suministro, “es indispensable la autorización de Concesión de Aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción”. Asimismo, señaló que “para las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de una Terminal Aérea, el propietario u operador debe contar con el Permiso de Vertimientos expedido por la Corporación Autónoma Regional de cada jurisdicción”.
Tras la auditoría, el ente de control también expuso que “contratar la operación y mantenimiento de estos sistemas sin tener vigentes las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes es, además de violar las leyes y normas vigentes, poner en severo riesgo de afectación a la salud de las personas que utilizan o visitan tales aeropuertos, así como a las personas que habitan en cercanías a estos”.
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Según expuso la Contraloría, en los aeropuertos de los municipios de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia, no se tienen permisos vigentes para las Plantas de Tratamiento de las Aguas Potables, ni de la correspondiente Concesión de aguas. Además, que en los aeropuertos de Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia, no se tienen los permisos o autorizaciones exigidas por las Autoridades Ambientales para los vertimientos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Otro de los temas señalados fue el de la baja ejecución del “Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales en las regiones apartadas del país”. Según encontró el ente de control, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, la Aerocivil viene desarrollando el programa “con el fin de conectar las regiones más apartadas del país a través de infraestructura de transporte aéreo, que incluye la intervención y mejoramiento de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas y cerramientos de 14 aeródromos priorizados que son propiedad de entes territoriales”.
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Según sus hallazgos, la Aerocivil, con el fin de adelantar la primera etapa de ese programa, “comprometió recursos por más de $377 mil millones, mediante el Convenio Interadministrativo 23001315 H3 de 2023 ($ 13.256 millones) y el Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 ($363.763 millones), con el Ejército Nacional y ENTerritorio”. El palzo de ejecución de dichos acuerdos era de 2022 a mayo de este año, para realizar obras en seis aeródromos: Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán. Sin embargo, “solo se reporta avances físicos en los aeródromos de Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%)”.
Con la auditoría, la Contraloría determinó que el programa solo tenía un avance del 2,31% a diciembre 31 de 2024, pese a que su terminación estaba prevista para mayo 31 de 2025. Dicho avance, dice el ente de control, “generará severas afectaciones a estas comunidades y, además, mayores costos y tiempos de ejecución, respecto de lo previsto inicialmente y de lo prometido a estas”.
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