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Según advirtió la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Justicia, actualmente, los 59.000 trabajadores judiciales del país no han recibido el pago de su bonificación, cuyo decreto aún no habría sido expedido por el Gobierno, pese a que han transcurrido 11 meses del año.
Según indicó el órgano de control fiscal, “esta situación afecta el derecho de los funcionarios judiciales a recibir su salario y prestaciones sociales en las condiciones establecidas por la Ley”.
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La Contraloría señaló que las entidades afectadas ya han solicitado en otras ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que se realicen las apropiaciones presupuestales para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan el pago del monto acumulado antes de finalizar el año.
Aún cabe la posibilidad de que el Gobierno expida el decreto que autorice la bonificación de los trabajadores de la rama judicial del país. Sin embargo, de no hacerse efectivo antes de finalizar el 2025, podría incurrirse en graves riesgos fiscales.
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Además, según indicó el órgano, “la falta de expedición oportuna del decreto que reajusta la bonificación judicial puede generar la constitución de pasivos contingentes”, lo que significa que, una vez expedido el decreto, se tendrían que utilizar recursos no previstos en el presupuesto de 2025, afectando el equilibrio presupuestal de las próximas vigencias.
La falta de pago, a tan solo semanas de que se acabe el año, representaría una “afectación al principio de sostenibilidad fiscal, dada la acumulación de obligaciones no reconocidas que pueden generar una brecha estructural entre las apropiaciones presupuestadas y las obligaciones reales de la entidad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y genera impactos sobre la regla fiscal del sector”, según indicó la Contraloría.
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Por ello, la entidad fiscal del Estado instó al Gobierno Nacional a cumplir con el principio de eficiencia del gasto público, para así “evitar duplicidad de cargas administrativas, reprocesos contables y costos adicionales por intereses o sanciones”, lo que constituye en un uso ineficiente de los recursos del Estado.
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