"Contratación pública, un punto álgido de la corrupción": Transparencia por Colombia

Más de la mitad de los alcaldes, concejales y gobernadores electos para el período 2016-2019 han sido investigados, sancionados y/o inhabilitados por hechos de corrupción. Esa es una de las cifras expuestas, y que más preocupan por ser año de elecciones, por la organización Transparencia por Colombia en su informe “Así se mueve la corrupción”, que analizó 327 hechos de corrupción registrados entre 2016 y 2018.

Con la realización de ese monitoreo sobre casos de corrupción, Trasparencia por Colombia concluyó que “la corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental”, así como que “el punto más álgido del problema (es) la contratación pública, ya sea para la provisión de bienes o servicios o para la vinculación de personal al Estado”.

Lo primero que aclara el informe es que el 45 % de los hechos se concentran en Santander, Atlántico, Valle, Antioquia y Bolívar, mientras que las ciudades capitales fueron Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. Allí los tipos de corrupción que más se presentaron fueron la administrativa, la privada y la judicial, configurándose la contratación pública como el principal problema.

(Lea aquí: Colombia: empeora en la percepción de corrupción).

En cuanto a dónde se configuran los hechos ilícitos, y a pesar de que la corrupción se da en todo el país y en los distintos niveles del Estado, el principal reto está en los municipios, por ser donde hay mayor inversión. “El flujo de decisiones y recursos públicos es intenso y cuantioso, situación que representa una oportunidad para el interés egoísta de los corruptos; oportunidad que se complementa con la precariedad institucional de dichas entidades (…) expresada en déficit de los procesos de planeación y alta dependencia del clientelismo como forma de gestionar el empleo público”.

La corrupción en el sector público se concentra, sobre todo, en la contratación pública, la provisión de bienes y servicios, y el manejo de presupuesto y gasto público. Pero estos hechos, hay que decirlo, no se presentan solo en el sector público, sino también en el privado. En ese sentido, señala que son cinco las formas de corrupción en las empresas: manejos administrativos arbitrarios o fraudulentos, la obstaculización de la libre competencia mediante la cartelización, los sobrecostos en los contratos, el lavado de activos, la evasión de impuestos y el contrabando, y el incumplimiento de acuerdos.

Estos hechos, continúa el informe, no solo tienen un impacto negativo en los recursos públicos, sino también en los derechos de las personas que se ven afectadas directamente. Los derechos sociales, económicos y culturales son, en este sentido, los más afectados por la corrupción, seguidos por los fundamentales, civiles y políticos, y, por último, los colectivos y del medioambiente. Un ejemplo que sirve para ilustrar esta vulneración de derechos es el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según el estudio, en el período del estudio fueron 25 los casos que se presentaron, siendo uno de los más comunes el sobrecosto de los alimentos para justificar los recursos que una alcaldía destina a este programa. “Resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en “elefantes blancos”, que son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción”, asevera.

(También: “La corrupción es el mal del siglo”: nuevo presidente de la Corte Suprema).

Andrés Hernández, director de Trasparencia por Colombia, explicó a El Espectador sobre este punto, que es en ese tipo de situaciones donde se manifiesta más su preocupación por la vulneración de derechos: “Puede que un hecho de corrupción en un municipio sea de un monto menor en comparación con uno del nivel nacional, pero nos preocupa es que esos hechos en el nivel municipal están vinculados a obras, bienes o servicios que afectan de manera directa a la ciudadanía”.

Otro punto que genera preocupación en el informe de Trasparencia por Colombia es en cuanto a la relación entre política y corrupción. Para empezar, señala que son cinco las irregularidades más comunes: nóminas paralelas con fines políticos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, presiones a funcionarios públicos o contratistas para obtener votos a favor de determinados candidatos, obstrucción de procesos de revocatoria de mandatos y la inscripción de candidatos inhabilitados para cargos públicos.

La preocupación se acentúa ante el hecho de que, en octubre de este año, se realizarán las elecciones regionales y municipales, puesto que allí es donde germina, muchas veces, la corrupción. “De cara a las elecciones locales, es necesario comenzar a frenar el clientelismo que une campañas políticas con contratación pública. Se debe acabar con la alianza que se crea entre financiadores, candidatos y posteriormente autoridades elegidas, en donde prima el ‘yo te financio, pero tú me contratas’”, señala el informe.

Adicional a esto, Hernández recalca que se hace necesario que las personas exijan a los organismos de control que actúen, es decir, que haya un fortalecimiento de las veedurías ciudadanas como una medida para frenar la corrupción. “No podemos seguir en la idea general de que la corrupción no nos afecta”, dice Hernández, antes de añadir que “el mensaje tradicional es que votemos a conciencia e informados (…). No podemos ser ingenuos y seguir pensando que esto va a cambiar sin que los ciudadanos pongamos de nuestra parte”.

(Le puede interesar: Registraduría lanza estrategia para combatir las noticias falsas en elecciones).

Aun así, esto supone un reto. A pesar de que el informe no explora el tema de las amenazas a quienes denuncian, incluyendo líderes sociales, periodistas y servidores públicos, Hernández sí recalca que se debe garantizar que, por exponer la corrupción, no se vulneren sus derechos ni se ponga en riesgo su seguridad. “Es un momento ideal para plantear la necesidad de proteger a quienes se atreven a denunciar a la corrupción: líderes sociales, periodistas, funcionarios y personas que trabajan en el sector privado. Necesitamos pensar cómo protegemos a las personas, porque esa es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción”, asegura.

“Como sociedad nos tenemos que poner una meta ambiciosa: luchar contra la corrupción en todas sus formas. Y creo que esto pasa por reformas legales, pero no hay una varita mágica que nos ayude a erradicar la corrupción, si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que nos afecta, exigir mayores resultados y si no nos preocupamos por el cuidado de lo público, y le dejamos la tarea solo al Estado sin hacer nuestra parte”, concluye Hernández sobre la necesidad de la participación ciudadana en el control a las autoridades.

Más de la mitad de los alcaldes, concejales y gobernadores electos para el período 2016-2019 han sido investigados, sancionados y/o inhabilitados por hechos de corrupción. Esa es una de las cifras expuestas, y que más preocupan por ser año de elecciones, por la organización Transparencia por Colombia en su informe “Así se mueve la corrupción”, que analizó 327 hechos de corrupción registrados entre 2016 y 2018.

Con la realización de ese monitoreo sobre casos de corrupción, Trasparencia por Colombia concluyó que “la corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental”, así como que “el punto más álgido del problema (es) la contratación pública, ya sea para la provisión de bienes o servicios o para la vinculación de personal al Estado”.

Lo primero que aclara el informe es que el 45 % de los hechos se concentran en Santander, Atlántico, Valle, Antioquia y Bolívar, mientras que las ciudades capitales fueron Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. Allí los tipos de corrupción que más se presentaron fueron la administrativa, la privada y la judicial, configurándose la contratación pública como el principal problema.

(Lea aquí: Colombia: empeora en la percepción de corrupción).

En cuanto a dónde se configuran los hechos ilícitos, y a pesar de que la corrupción se da en todo el país y en los distintos niveles del Estado, el principal reto está en los municipios, por ser donde hay mayor inversión. “El flujo de decisiones y recursos públicos es intenso y cuantioso, situación que representa una oportunidad para el interés egoísta de los corruptos; oportunidad que se complementa con la precariedad institucional de dichas entidades (…) expresada en déficit de los procesos de planeación y alta dependencia del clientelismo como forma de gestionar el empleo público”.

La corrupción en el sector público se concentra, sobre todo, en la contratación pública, la provisión de bienes y servicios, y el manejo de presupuesto y gasto público. Pero estos hechos, hay que decirlo, no se presentan solo en el sector público, sino también en el privado. En ese sentido, señala que son cinco las formas de corrupción en las empresas: manejos administrativos arbitrarios o fraudulentos, la obstaculización de la libre competencia mediante la cartelización, los sobrecostos en los contratos, el lavado de activos, la evasión de impuestos y el contrabando, y el incumplimiento de acuerdos.

Estos hechos, continúa el informe, no solo tienen un impacto negativo en los recursos públicos, sino también en los derechos de las personas que se ven afectadas directamente. Los derechos sociales, económicos y culturales son, en este sentido, los más afectados por la corrupción, seguidos por los fundamentales, civiles y políticos, y, por último, los colectivos y del medioambiente. Un ejemplo que sirve para ilustrar esta vulneración de derechos es el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según el estudio, en el período del estudio fueron 25 los casos que se presentaron, siendo uno de los más comunes el sobrecosto de los alimentos para justificar los recursos que una alcaldía destina a este programa. “Resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en “elefantes blancos”, que son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción”, asevera.

(También: “La corrupción es el mal del siglo”: nuevo presidente de la Corte Suprema).

Andrés Hernández, director de Trasparencia por Colombia, explicó a El Espectador sobre este punto, que es en ese tipo de situaciones donde se manifiesta más su preocupación por la vulneración de derechos: “Puede que un hecho de corrupción en un municipio sea de un monto menor en comparación con uno del nivel nacional, pero nos preocupa es que esos hechos en el nivel municipal están vinculados a obras, bienes o servicios que afectan de manera directa a la ciudadanía”.

Otro punto que genera preocupación en el informe de Trasparencia por Colombia es en cuanto a la relación entre política y corrupción. Para empezar, señala que son cinco las irregularidades más comunes: nóminas paralelas con fines políticos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, presiones a funcionarios públicos o contratistas para obtener votos a favor de determinados candidatos, obstrucción de procesos de revocatoria de mandatos y la inscripción de candidatos inhabilitados para cargos públicos.

La preocupación se acentúa ante el hecho de que, en octubre de este año, se realizarán las elecciones regionales y municipales, puesto que allí es donde germina, muchas veces, la corrupción. “De cara a las elecciones locales, es necesario comenzar a frenar el clientelismo que une campañas políticas con contratación pública. Se debe acabar con la alianza que se crea entre financiadores, candidatos y posteriormente autoridades elegidas, en donde prima el ‘yo te financio, pero tú me contratas’”, señala el informe.

Adicional a esto, Hernández recalca que se hace necesario que las personas exijan a los organismos de control que actúen, es decir, que haya un fortalecimiento de las veedurías ciudadanas como una medida para frenar la corrupción. “No podemos seguir en la idea general de que la corrupción no nos afecta”, dice Hernández, antes de añadir que “el mensaje tradicional es que votemos a conciencia e informados (…). No podemos ser ingenuos y seguir pensando que esto va a cambiar sin que los ciudadanos pongamos de nuestra parte”.

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Aun así, esto supone un reto. A pesar de que el informe no explora el tema de las amenazas a quienes denuncian, incluyendo líderes sociales, periodistas y servidores públicos, Hernández sí recalca que se debe garantizar que, por exponer la corrupción, no se vulneren sus derechos ni se ponga en riesgo su seguridad. “Es un momento ideal para plantear la necesidad de proteger a quienes se atreven a denunciar a la corrupción: líderes sociales, periodistas, funcionarios y personas que trabajan en el sector privado. Necesitamos pensar cómo protegemos a las personas, porque esa es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción”, asegura.

“Como sociedad nos tenemos que poner una meta ambiciosa: luchar contra la corrupción en todas sus formas. Y creo que esto pasa por reformas legales, pero no hay una varita mágica que nos ayude a erradicar la corrupción, si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que nos afecta, exigir mayores resultados y si no nos preocupamos por el cuidado de lo público, y le dejamos la tarea solo al Estado sin hacer nuestra parte”, concluye Hernández sobre la necesidad de la participación ciudadana en el control a las autoridades.