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Desde el pasado 26 de agosto, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional realiza una inspección judicial en La Guajira. La finalidad de la visita al territorio es verificar las condiciones que hay y comprobar si se garantizan o no los derechos fundamentales al agua potable, la salud y la alimentación de la comunidad.
La diligencia se realizó como parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la vulneración de los derechos fundamentales de la población infantil wayúu. Los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot lideraron el equipo técnico encargado de verificar en terreno el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia en estos componentes.
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¿Qué encontraron?
En materia de agua potable, el magistrado auxiliar Escobar lideró la diligencia en los puntos críticos previamente identificados por la Sala: el Resguardo Indígena wayúu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, así como los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia.
El grupo estuvo acompañado por Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena, quien, según la Corte, “evalúa el cumplimiento de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua, practicando la toma de muestras de agua en el lugar bajo protocolos estandarizados por las autoridades sanitarias y ambientales de Colombia”.
En el corregimiento de Jojoncito, en Uribia, los magistrados auxiliares constataron que la fuente de la que la comunidad obtiene agua para consumo humano presenta signos evidentes de contaminación, posiblemente por la presencia de heces fecales de animales de corral, así como de microalgas que le transfieren una coloración verdosa al agua.
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Durante los días de recorrido, estuvieron acompañados por la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, “quien acompañó directamente a la comisión en los puntos visitados y ofreció a la Sala de Seguimiento propuestas de solución inmediata frente a las falencias constatadas, las cuales quedaron documentadas en audio y video como parte del acervo probatorio de la diligencia”.
En cuanto al componente de salud, el magistrado auxiliar Rubiano-Groot lideró el equipo técnico, que contó con la presencia de Iliana Curiel, docente de la Universidad de La Guajira. La académica evaluó las condiciones de prestación del servicio de salud y la situación general de las niñas y los niños Wayuu.
La Sala constató la presencia de equipos extramurales e interculturales, es decir, grupos de profesionales de la salud que se desplazan hasta las comunidades para brindar atención. No obstante, las comunidades advirtieron que las EPS contratadas no estarían realizando el seguimiento de los casos detectados. Según las autoridades tradicionales, esta falta de continuidad en la atención impide un adecuado control de los tratamientos que requieren las niñas y los niños Wayuu.
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Por otra parte, las comunidades manifestaron dificultades para desplazarse hasta los centros de salud. A esto se suma, según los habitantes de la zona, la falta de centros de salud cercanos a los lugares donde habitan las comunidades. En varios casos, señalaron, la infraestructura ya existe, pero no se encuentra en funcionamiento.
En cuanto al componente de alimentación, la magistrada auxiliar Carolina Murillo lideró el espacio de diálogo en el que se revisaron los lugares donde se almacenaban y preparaban los alimentos. “Los programas que se mencionaron en todas las comunidades fueron el Modelo de Atención Integral (MAI), por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Frente a ellos, las comunidades señalaron dificultades asociadas a la cantidad y suficiencia de los alimentos, así como a la caracterización y movilización de las niñas y los niños a las instituciones educativas”, detalló la Corte.
En ese sentido, la administración municipal de Uribia advirtió que la continuidad del PAE solo estaba asegurada hasta octubre, debido a razones de sostenibilidad financiera. En consecuencia, la información recopilada durante la inspección, incluidos los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas y la documentación allegada durante la diligencia, será incorporada al informe que elaborará la Sala.
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La comisión de la Corte, integrada por los magistrados auxiliares, continúa su recorrido por los municipios de Maicao y Manaure, donde verificará las condiciones del asentamiento La Pista y de la Pila Pública Casa Azul, respectivamente.
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