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La Corte Constitucional se abstuvo de tomar una decisión respecto a una demanda que había presentado el congresista Miguel Uribe Turbay, en febrero del año pasado, en contra de la Ley 2277 de 2022. Esta ley es la que establece los lineamientos de la nueva reforma tributaria que busca adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro, definida en el documento como “para la igualdad y la justicia social”.
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El alto tribunal argumentó su decisión basándose en que la demanda incumplía “requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos”. El recurso señalaba unos supuestos vicios en la forma en que la reforma se tramitó en los debates de las plenarias de las dos Cámaras del Congreso y solicitaba que se declare que, en su totalidad, no era acorde a la Constitución. Según Uribe Turbay, en su paso por el Congreso, se vulneraron varios principios constitucionales.
En la demanda se anexaron varios videos de las plenarias de la Cámara y el Senado, además de una entrevista que le realizó la periodista María Jimena Dussan al exsenador Gustavo Bolívar, en la que este supuestamente habría reconocido la falta de debate y publicidad con la que se aprobó la ley.
Además, se especificaron los cuatro tipos de vicios que se habrían presentado, los cuales serían el correcto trámite legislativo, la necesidad de dar un debate completo, que las actuaciones sean públicas y la oportunidad de conciliar, de los partidos de oposición. Sin embargo, la Corte se abstuvo de pronunciarse en este caso, por los motivos antes expuestos.
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La reforma sancionada por el presidente Petro permitirá un recaudo cercano a los $20 billones en el primer año para llegar a los $50 billones en 2026 con el programa de ataque a la evasión tributaria. Los impuestos saludables entrarán en vigor en noviembre de 2023 para restarle presión a la inflación.
El gobierno del presidente Petro ha informado que parte del recaudo se destinará al gasto social en educación, salud, desarrollo productivo agrícola y economía popular. Se priorizarán programas que reduzcan la pobreza y la desigualdad, al tiempo que se fortalecerá la consolidación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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