La Corte Constitucional ordenó al Estado crear una nueva política pública que garantice los derechos de las mujeres gestantes y lactantes que se encuentran privadas de la libertad, así como las que conviven en centros carcelarios y transitorios con sus hijos hasta que cumplan los tres años de edad. La orden de la corte se da al evidenciar, por lo menos, cuatro problemáticas relacionadas con su salud física y mental.
La alta corte identificó que los principales problemas están en: la inadecuada prestación de los servicios de salud; deficiencias en las raciones alimentarias y en la cobertura de la dieta después del embarazo; la poca atención psicológica y psiquiátrica dirigida, especialmente, a estos grupos poblacionales; y la escasa prevención del consumo de drogas en prisión.
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La Sala Especial que hace seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario ordenó que debe haber un trabajo liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se incluya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre otras entidades.
La nueva política deberá garantizar la protección de la primera infancia; la adecuación de espacios e infraestructuras aptos para estas mujeres y sus hijos; componentes de atención psicológica y psiquiátrica; un tratamiento diferencial y especializado en salud; y ajustes en la alimentación y nutrición.
También ordenó la disponibilidad de especialistas en pediatría que asuman la atención integral y continua de los niños; capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, así como en la prevención de la adicción y consumo de drogas en prisión.
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Asimismo, la corte ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), realizar visitas cada tres meses a los establecimientos en los que se encuentren mujeres gestantes, lactantes y sus hijos, “con el propósito de que verifique las condiciones de reclusión y atención en salud y, con base en la información recaudada, rinda un informe con la misma frecuencia dirigido al Ministerio de Salud”.
Además, instó a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la Judicatura para que realicen conferencias, foros y jornadas de formación académica con el objetivo de que se tome conciencia “en torno a la medida sustitutiva de la prisión allí prevista”. También ordenó al Ministerio de Justicia y al INPEC desarrollar campañas de sensibilización dirigidas al personal penitenciario sobre la protección de dichas mujeres y niños.
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Por último, la Corte Constitucional ordenó a la Policía Nacional que incorpore, sistemáticamente, los datos de las mujeres detenidas, en especial aquellas que están embarazadas o que son madres de niños menores de tres años, así como de aquellas que se encuentran en el periodo de lactancia, “con el fin de facilitar el control y vigilancia en los centros de detención transitoria de las medidas propuestas”.
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