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Ante el recrudecimiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo, la Corte Constitucional, a través de las Salas Especiales de Seguimiento de Estados de Cosas Inconstitucionales, como el desplazamiento forzado y la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, solicitó “información completa, verificable y debidamente soportada para establecer cómo respondió el Estado a los riesgos advertidos en la Alerta Temprana No. 017 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo”.
Los magistrados que hicieron la petición fueron Natalia Ángel Cabo y Héctor Alfonso Carvajal. Esa solicitud se enmarca en la delicada situación de orden público en el municipio de Tibú (Norte de Santander) y su posible expansión a otros municipios de la región del Catatumbo. Según indicó la Corte, las Salas Especiales de Seguimiento han monitoreado la respuesta del Estado ante dicha crisis humanitaria que se desató el 16 de enero de 2025.
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“En este contexto, han constatado que, aunque se han adoptado algunas medidas para atender la emergencia, la crisis humanitaria continúa y los esfuerzos institucionales no han producido resultados duraderos ni claramente verificables”, indicó la Corte Constitucional, que instó al Estado a actuar antes de que ocurran nuevas violaciones masivas de derechos humanos.
Por ello, la alta corte ordenó al Ministerio del Interior “remitir, en un plazo de diez días, un informe detallado sobre el trámite, la coordinación, el seguimiento y los resultados de los planes de respuesta estatal a la Alerta Temprana No. 017 de 2025”. En ese informe, el ministerio deberá indicar si existe realmente un plan de acción integral con fechas, mecanismos de coordinación y ejecución.
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Asimismo, el expediente deberá señalar qué “medidas diferenciales se implementaron frente a los riesgos específicos de la población firmante de paz, e incluir los respectivos soportes sobre las sesiones realizadas, las decisiones adoptadas, las solicitudes elevadas, la metodología de verificación y los resultados medibles”.
La Corte Constitucional también se dirigió a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, a las que solicitó que, en un plazo de diez días, “informen cómo incorporaron la alerta temprana en sus planes de prevención y contingencia, qué acciones se activaron, cómo coordinaron su respuesta con el nivel nacional y qué medidas diferenciales se implementaron para garantizar los derechos de la población firmante de paz en sus respectivas jurisdicciones”.
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Además, la alta corte les pidió información sobre los recursos públicos asignados para atender la crisis en la región, tanto en materia de atención humanitaria como en la implementación de medidas de contingencia. En ese reporte deberán detallar montos, fuentes de financiación y recursos efectivamente asignados.
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