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27 Nov 2020 - 5:07 p. m.

Corte Constitucional tumba tasa para la realización de consultas previas

Un artículo del Plan de Desarrollo de Iván Duque decía que el interesado en iniciar un proceso de estos, debía pagar una tasa para su coordinación al Ministerio del Interior.
La Sala Plena de la Corte Constitucional.  Mauricio Alvarado.
La Sala Plena de la Corte Constitucional. Mauricio Alvarado.

La ley del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque (1955 de 2019) incluyó en uno de sus artículos que quien estuviera interesado en iniciar un proceso de consulta previa con comunidades debía pagar una tasa al Ministerio del Interior. El fin era suplir con ella honorarios, viáticos y los “costos correspondientes al uso y acceso de información sobre presencia de comunidades”, entre otros. El asunto fue demandado ante la Corte Constitucional al estimar que un asunto tal, que tiene que ver con derechos fundamentales debía hacerse con una ley estatutaria y que este tema no tenía que ver con el resto del contenido del plan de desarrollo.

La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, estudió este asunto y encontró que, en efecto, la creación de esta tasa no tenía relación con el contenido del Plan de Desarrollo y la declaró inconstitucional por lo que en derecho se llama falta de unidad de materia. “La Corte dijo que a pesar de ser una norma de carácter tributario y con vocación de permanencia, el Gobierno Nacional no había justificado mínimamente su necesidad para alcanzar alguno de los pactos de la normativa del Plan”, señaló el alto tribunal en un comunicado de prensa.

(Le puede interesado: Corte Constitucional “tumbó” contribuciones especiales del Plan Nacional de Desarrollo)

De esta manera, la Corte tumbó el artículo 161 de la ley 1955 de 2019. La decisión se tomó por votación 8-0 (la magistrada Gloria Ortiz no asistió a la Sala con excusa justificada), aunque los magistrados Alberto Rojas y Jorge Ibáñez aclararon su voto al estimar que la Corte Constitucional perdió una oportunidad para estudiar de fondo varios reparos que se presentaban alrededor de la creación de esta tasa, que se había creado incluso para la petición de información que es pública y alrededor de la consulta previa, que es un derecho fundamental y que tiene la capacidad de afectar directamente a las comunidades étnicas.

“Tampoco la decisión brinda los fundamentos suficientes para abstenerse de decidir el fondo varios temas sometidos a consideración de la Corte Constitucional, por los menos, en relación con los siguientes cargos: vulneración o desconocimiento de los derechos de acceso a la información y a la participación democrática; desconocimiento del deber de consultar con las comunidades étnicas la iniciativa legislativa; violación del contenido del derecho fundamental a la consulta previa; violación de la reserva de ley estatutaria; y violación del principio de legalidad tributaria”, dice la aclaración de voto del magistrado Ibáñez Najar.

Este asunto fue demandado por los ciudadanos Camila Zuluaga Hoyos, María Alejandra Vargas Corredor, Juan Felipe Parra Roas y Andrés Rodríguez Morales, del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. “Al ser la consulta previa un derecho fundamental, se debe entender como un derecho positivizado por vía constitucional, pero con garantía reforzada, lo que implica que existan dentro del ordenamiento jurídico mecanismos para su reglamentación, como lo es el procedimiento de ley estatutaria, entre otras instituciones que respaldan dicha garantía. De modo que, al pretender reglamentar el derecho mediante una ley ordinaria se está vulnerando esa garantía”, decía la demanda. En este asunto, la Procuraduría tenía la misma opinión.

En concepto enviado a la Corte, el Ministerio Público dijo que esa tasa implicaba “una restricción para acceder a un derecho fundamental y que por lo tanto requiere un procedimiento legislativo especial. Es importante señalar que la inclusión de una restricción a un derecho fundamental como la consulta previa en una ley que tiene como propósito bases programáticas de política pública y metas de desarrollo macroeconómico, no es admisible constitucionalmente, razón por la cual, el catálogo de restricciones debe ir acompañado de una regulación estructural de este derecho fundamental que dado este carácter, solo es viable mediante ley estatutaria”.

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