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3 Apr 2022 - 9:21 p. m.

Corte ordena poner en funcionamiento semáforos sonoros en Ibagué para invidentes

Para la Corte Constitucional la persona con discapacidad visual gozan de especial protección por su estado de vulnerabilidad. En este caso puntual, el alto tribunal halló “ausencia de un entorno de movilidad eficiente y seguro” para esta población.
Para la Corte Constitucional la persona con discapacidad visual gozan de especial protección por su estado de vulnerabilidad. En este caso puntual, el alto tribunal halló “ausencia de un entorno de movilidad eficiente y seguro” para esta población.
Para la Corte Constitucional la persona con discapacidad visual gozan de especial protección por su estado de vulnerabilidad. En este caso puntual, el alto tribunal halló “ausencia de un entorno de movilidad eficiente y seguro” para esta población.
Foto: Óscar Pérez

En cuatro meses, Ibagué debe tener semáforos auditivos funcionando en óptima calidad. Si bien la ciudad ya cuenta con ese sistema, la entidad local será la encargada de ponerlos en funcionamiento y garantizar el mantenimiento y evitar el deterioro de la red semafórica. La directriz es de la Corte Constitucional que analizó una tutela que pedía el amparó de derechos a personas con discapacidad visual.

El documento que presentaron cuatro personas, dos de ellas invidentes, alegó que la Secretaria de Tránsito no había adelantado las gestiones necesarias para instalar y poner en funcionamiento los semáforos sonoros que faciliten la movilidad de la población con problemas visuales que vive en la ciudad. La entidad, por su parte, señaló que las gestiones administrativas y financieras se han llevado a cabo y tienen el propósito de recuperar el funcionamiento de estas señales de tránsito. No obstante, la Corte no tuvo prueba alguna de ello.

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“No presentó pruebas que den cuenta de que, a la fecha, tales gestiones hayan permitido la materialización de un resultado favorable para el efecto. Por el contrario, admitió que, de 25 semáforos sonoros, 20 de ellos están fuera de funcionamiento y los cinco restantes se encuentran en regular estado operacional”, reposa en el análisis del alto tribunal que le dio la razón a los accionantes.

Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, explicó que las personas con discapacidad visual son sujetos de especial protección constitucional por su estado de vulnerabilidad que, en este caso particular, se potencializa más puesto que no se brinda un espacio de movilidad eficiente y seguro para las personas con discapacidad visual. Para el alto tribunal, esa situación genera “detrimento de las garantías fundamentales como lo son la vida, la dignidad humana, la igualdad y la libertad de locomoción”.

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La Corte hizo un llamado a la Secretaría de Tránsito de Ibagué en cuanto a que no existe razón por la que deba seguir retrasando el proceso de reparación e instalación de los semáforos sonoros en puntos estratégicos de la ciudad. Aunque el alto tribunal reconoce que se hay registro de avances con los existentes en este momento, las gestiones para concretar el proyecto no son suficientes y no responden a solucionar las necesidades básicas de las personas con discapacidad visual.

“Obsérvese que, a pesar de que la Secretaría cuenta con la proyección de un presupuesto para la instalación y reparación de semáforos sonoros, así como un plan a mediano y largo plazo, dichos proyectos no cumplen con los estándares mínimos planteados en la jurisprudencia constitucional para alcanzar la protección de los derechos invocados”, puntualizó la sentencia de la magistrada Pardo.

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A juicio de la Corte, aunque se evidencia la intención de la entidad de modernizar la red semafórica de la ciudad, los avances no han sido eficaces, por lo que la Sala recordó que el Estado tiene la obligación de favorecer a las personas en situación de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr que tengan una mayor representación dentro de la sociedad.

Así las cosas, el fallo le otorgó un término de seis meses a la Secretaria de Ibagué para que presente al juez de primera instancia un cronograma donde se establezcan las acciones reales y concretas que se llevarán a cabo para lograr la implementación de nuevos dispositivos auditivos en los puntos de mayor circulación de la ciudad y donde se advierta la presencia de importantes centros de comercio, recreación, educación y salud en los que pueda evidenciarse una movilización frecuente de esta población para poder acceder a dichos bienes y servicios.

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Del mismo modo, exhortó a la Alcaldía de Ibagué para que revise y fortalezca su política pública en materia de accesibilidad de los espacios públicos para las personas con discapacidad visual. En dicho proceso deberá garantizar la participación de las fundaciones u organizaciones que agrupan a esta población para definir las posibles modificaciones que deban hacerse a los entornos públicos de la ciudad.

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