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En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia no le dio la razón a la candidata presidencial Íngrid Betancourt sobre una acción de tutela que presentó en la que solicitaba el amparo al derecho a la igualdad. Su pretensión como representante legal transitoria del partido Verde Oxígeno, buscaba la asignación de un rubro más alto para la financiación y funcionamiento del movimiento político ya que conoció que este sería mínimo. “Solicita que en aplicación del derecho a la igualdad se asigne a dicho movimiento la misma cantidad de recursos otorgados al Partido Comunes (Farc) en el Acuerdo de Paz y se ordene el anticipo para la financiación de la campaña presidencial”, resalta el documento que analizó el alto tribunal.
La candidata presidencial resaltó que, aunque la Corte Constitucional le devolvió la personería jurídica al Nuevo Liberalismo y demás movimientos políticos en la misma condición, dejó un vacío en lo relacionado con la destinación de recursos para la funcionalidad de los partidos, de ahí que considerara pertinente a través de la acción de tutela generar tal reclamo. En ese orden, solicitó que, al Ministerio de Hacienda, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría se les ordenara poner un presupuesto con el que se pudiera financiar el movimiento político del que hace parte.
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El Consejo Nacional Electoral le pidió a la Corte Suprema desestimar la tutela porque no existía vulneración o amenaza a los derechos y destacó que “la resolución que fijará la financiación para el funcionamiento de todos los partidos y movimientos políticos se encuentra en proyección, por lo que la parte actora lo que pretende es adelantarse a los hechos”. La Registraduría dijo que no es la entidad encargada de autorizar los anticipos de financiación de campañas, ni tampoco la que profiere los actos administrativos que regulan ese trámite. “La Registraduría Nacional del Estado Civil funge simplemente como ordenadora del gasto, pero la administración del fondo es de competencia del Consejo Nacional Electoral”, resaltó.
Por su parte, la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, consideró que no hay afectaciones graves a los derechos fundamentales, y que es el CNE el encargado de distribuir los aportes a las campañas electorales y dividir entre los partidos políticos los recursos destinados para el sostenimiento de estos. Desde el Ministerio de Hacienda, su representante jurídica resaltó que la cartera no tiene injerencia en los montos que se asignan. “La función de ese ministerio se encuentra limitada a la asignación global de recursos, a las entidades que conforman el presupuesto público nacional, más no como un órgano ejecutor del sistema”, sostuvo.
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Con las consideraciones de las entidades y los argumentos de Betancourt, la Corte Suprema analizó la solicitud y consideró que, actualmente no se tiene conocimiento del presupuesto que se asignará no solo al partido Verde Oxígeno, sino a todos los demás y, por lo tanto, no sería viable el análisis puesto que, a su juicio, son hechos indeterminados e inciertos, además que, no se evidencia una amenaza inminente que la habilite. “De manera que, los cálculos aritméticos que efectúa el partido en la demanda de tutela, sobre los cuales afirma que, la suma que se le reconocerá para la financiación del funcionamiento del movimiento será irrisoria, corresponde a un supuesto o proyecciones propias que, como el mismo partido accionante lo acepta”, dijo el alto tribunal.
Además de eso, la Corte Suprema dijo que el movimiento de Betancourt no ha hecho ninguna solicitud al CNE como sí lo han hecho otros partidos en razón de formular sus inquietudes sobre la manera en la cual serán distribuidos los recursos, el porcentaje que les corresponde y la posibilidad de que, como lo formula en la acción de tutela, al haber sido su dirigente víctima del secuestro efectuado por las extintas Farc, dicho rubro sea igual al reconocido al movimiento Comunes en el Acuerdo de Paz.
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“Es importante resaltar que, de acuerdo con lo probado por dicho organismo electoral, precisamente, la razón por la que no ha sido expedido la resolución que asigna los recursos para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, la que valga la pena resaltar, se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales (FNFPCE) sistema especial de cuentas adscrito al Consejo Nacional Electoral, sin personería jurídica obedece a la petición que un partido político precisamente beneficiado con la sentencia SU-257 de 2021″, dijo el alto tribunal.
Sobre la crítica que hizo Betancourt a la decisión de la Corte Constitucional sobre los vacíos que dejó, la Corte Suprema dijo que “en dicha sentencia, el escenario constitucional estuvo circunscrito a afirmar la posibilidad de que partidos políticos, que desaparecieron con ocasión de hechos de violencia de la que fueron víctimas sus dirigentes, pudiera reconocérseles nuevamente la personería jurídica, habiendo la Corte Constitucional previsto la posibilidad de que, dadas las actuales condiciones, pudieran solicitar anticipos para la financiación de las campañas electorales”.
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Así las cosas, para el alto tribunal, aunque la sentencia relaciona partidos políticos no encuentra relación directa con una regulación de la financiación del funcionamiento de los partidos políticos y la personería jurídica que les fue otorgada y hoy que reclama el partido político de la candidata presidencial.