
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó, en la tarde de este 16 de enero, a la exsenadora Sandra Helena Villadiego por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Esto, por las presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras (Sucre) durante 2016 y 2017, las cuales habrían sido gestionadas de manera ilícita.
De acuerdo con la investigación, la exsenadora Villadiego habría gestionado partidas presupuestales asignadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en convenios interadministrativos por COP 6.300 millones, que tenían como destino la pavimentación de calles en el municipio de Galeras.
Lea: Un año de la Operación Catatumbo: balance del Ejército en medio de la crisis humanitaria
Además, la mujer habría pactado el pago de una comisión anticipada del 15 % con el alcalde del municipio. Por otro lado, la Sala de Instrucción precluyó el proceso contra el exrepresentante a la Cámara Raymundo Méndez Bechara, quien era investigado por los mismos hechos.
La investigación contra la exsenadora
La investigación contra Villadiego y Raymundo Méndez fue abierta el 12 de octubre de 2022. En febrero de ese año, el medio Blu Radio reportó que ambos políticos habrían recibido el 15% del monto de un contrato cuyo objeto era la pavimentación de las vías del municipio.
Le puede interesar: Estos son los nombres de los nuevos comandantes de direcciones y unidades de Policía en 2026
En ese entonces, la Fiscalía General de la Nación indicó que los excongresistas eran quienes gestionaban los recursos ante el DPS. En las pruebas reveladas quedaron consignadas las visitas que, presuntamente, realizaban al DPS, así como interceptaciones al entonces mandatario local en las que se escuchaba el nombre de ambos políticos.
En marzo de 2023, la alta corte indicó que no consideraba necesario imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra la exsenadora. Sin embargo, señaló que existían elementos suficientes para continuar con las investigaciones en su contra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.