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Corte Suprema acusa a exsenadora Sandra Villadiego por tráfico de influencias y cohecho

La exsenadora Sandra Helena Villadiego es señalada de haber participado en presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras (Sucre). Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación contra Raymundo Méndez Bechara, quien era investigado por los mismos hechos.

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16 de enero de 2026 - 09:09 p. m.
La exsenadora es señalada de haber participado en presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en Galeras (Sucre).
La exsenadora es señalada de haber participado en presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en Galeras (Sucre).
Foto: Twitter @senadogovco
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó, en la tarde de este 16 de enero, a la exsenadora Sandra Helena Villadiego por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Esto, por las presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras (Sucre) durante 2016 y 2017, las cuales habrían sido gestionadas de manera ilícita.

De acuerdo con la investigación, la exsenadora Villadiego habría gestionado partidas presupuestales asignadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en convenios interadministrativos por COP 6.300 millones, que tenían como destino la pavimentación de calles en el municipio de Galeras.

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Además, la mujer habría pactado el pago de una comisión anticipada del 15 % con el alcalde del municipio. Por otro lado, la Sala de Instrucción precluyó el proceso contra el exrepresentante a la Cámara Raymundo Méndez Bechara, quien era investigado por los mismos hechos.

La investigación contra la exsenadora

La investigación contra Villadiego y Raymundo Méndez fue abierta el 12 de octubre de 2022. En febrero de ese año, el medio Blu Radio reportó que ambos políticos habrían recibido el 15% del monto de un contrato cuyo objeto era la pavimentación de las vías del municipio.

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En ese entonces, la Fiscalía General de la Nación indicó que los excongresistas eran quienes gestionaban los recursos ante el DPS. En las pruebas reveladas quedaron consignadas las visitas que, presuntamente, realizaban al DPS, así como interceptaciones al entonces mandatario local en las que se escuchaba el nombre de ambos políticos.

En marzo de 2023, la alta corte indicó que no consideraba necesario imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra la exsenadora. Sin embargo, señaló que existían elementos suficientes para continuar con las investigaciones en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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