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17 Aug 2022 - 8:56 p. m.

Aprueban extradición de hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, por narcotráfico

Todo indica que a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la congresista Piedad Córdoba, le espera un juicio en Nueva York por supuesto narcotráfico. Resta que el presidente Gustavo Petro firme su extradición.
Álvaro Córdoba Ruiz. /Tomada cuenta de Twitter.
Álvaro Córdoba Ruiz. /Tomada cuenta de Twitter.
Foto: Álvaro Córdoba Ruiz.

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la congresista Piedad Córdoba. Ante la documentación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la alta corte aseguró que Colombia puede entregar el connacional para su juicio, pero solo por los cargos que tiene en contra por narcotráfico. También se lo acusa de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Antecedentes: Capturado hermano de Piedad Córdoba, solicitado por EE. UU. por narcotráfico

El hermano de Piedad Córdoba fue capturado en Medellín el pasado 3 de febrero, misma ciudad donde intentó ser concejal por el Partido Liberal en 2011. Entonces, se conoció que la captura tenía fines de extradición, ante lo cual la congresista respondió que se trataba de una “persecución política”. No obstante, la Corte Suprema de Justicia conoció los detalles de la investigación por la cual Álvaro Córdoba podría ir a juicio en Estados Unidos, si el presidente Gustavo Petro firma la resolución.

Álvaro Córdoba fue acusado formalmente por la corte neoyorquina el pasado 24 de febrero. Entonces, la justicia estadounidense se comprometió a condenarlo por tres cargos: concierto para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos tales armas. La investigación señala que Córdoba sería miembro de la organización criminal a la cual le siguen los pasos desde julio de 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.

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Los socios de Córdoba, establece la acusación, serían Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor, y Libia Amanda Palacio, reseñada como Amanda. Dentro de la investigación reposa la declaración jurada del agente especial de la DEA Maethew Passmore, quien reveló el nombre de un personaje denominado “CS-1″, el cual buscaba lugar para trabajar en Colombia a gran escala. Durante una conversación grabada, al parecer legalmente, Córdoba quedó reseñado como posible “padrino” e incluso habría dicho que, aunque no tenía experiencia en “el sector”, tenía “amigos que conocían muy bien el sector”. Para entonces, se hablaba de 3.000 kilos de cocaína por mes.

“El 27 de agosto de 2021, o alrededor de esa fecha, Córdoba Ruiz, Palacio Mena, “CS-1″ y Jaramillo Ramírez participaron en una videoconferencia grabada legalmente. Córdoba Ruiz describió a Jaramillo Ramírez como alguien que podría ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro. Durante la videoconferencia, Jaramillo Ramírez declaró que ya tenía una buena cantidad de pollos; que ya tenían a las personas para hacerlo; y que solo estaban esperando a que “CS-1″ les dijera cuándo, cómo y dónde antes de poder empezar a organizarlo todo”, se lee en la documentación.

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Luego de ello, explicó el agente especial de la DEA, “CS-1″ viajó a Colombia para obtener una muestra de cinco kilos de cocaína. Entonces, el 17 de diciembre pasado, Córdoba habría puesto como intermediarios a disidentes Farc en Popayán, con quienes se podría hablar de cantidad, precios y logística. De acuerdo con la investigación, los criminales también entregarían sus servicios de protección armada. Al parecer, la muestra se entregó en una granja “a dos horas de Medellín”. Una vez superado el proceso, reveló el agente Passmore, un agente público encubierto se reunió con “CS-1″ y les habría entregado, también a Córdoba, un total de US $15.000 dólares.

La reunión grabada en diciembre pasado, además, revelaría que se lograron acuerdos por al menos varios cientos de kilogramos que terminarían inyectados en Estados Unidos. El agente Passmore enfatizó en que Córdoba era reiterativo en mencionar a las Farc, que sería la fuente de suministro para las transacciones. El 2 de febrero pasado, un día antes de la captura, aseguró Passmore, Córdoba, Jaramillo, Palacio y personas de “CS-1″ participaron en reuniones en persona en Medellín y cerca de la capital antioqueña.

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Luego de valorar la información de la DEA, la Corte Suprema verificó si se cumplen los requisitos para dar luz verde a la extradición. Según la Constitución, el traslado resulta improcedente cuando el delito es cometido solo en territorio colombiano. Por tanto, la alta corte no permitió la extradición de Córdoba por los cargos segundo y tercero, relacionados con la presunta posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, dado que los supuestos encuentros con las Farc se realizaron en Medellín e, incluso, el campamento estaría ubicado en Popayán.

“Sin embargo, la improcedencia de la extradición por el motivo indicado (posesión de ametralladoras) y en relación con los específicos punibles referidos, no significa que esas conductas ilícitas queden impunes, toda vez que al Estado colombiano le corresponde adelantar la actuación judicial pertinente (…). Por consiguiente, la Fiscalía General de la Nación, si no lo ha hecho, deberá iniciar la investigación de dichos ilícitos indicados en la referida acusación foránea”, agregó la Corte.

Pese al visto bueno de la Corte Suprema a la extradición de Córdoba Ruiz, su defensa siempre alegó ante el alto tribunal que no podía aprobar la petición del gobierno estadounidense porque nunca se “acreditó fáctica y probatoriamente la participación de su defendido en los hechos delictivos atribuidos en la acusación extranjera”. Sin embargo, la Corte le aclaró al abogado que la participación de su defendido no era un asunto que pudiera resolver el tribunal.

Una vez se conoció la decisión de la Corte, uno de los abogados de Córdoba, Antonio Guette, le dijo al periódico El Colombiano que todavía no ha sido notificado de la decisión y criticó el poco tiempo que le tomó al alto tribunal resolver el caso. “Es importante señalar, a modo de contexto, que la velocidad con la que se llevó a cabo todo el trámite legal solo se había visto con Otoniel. Ambos procesos se dieron en siete meses, un tiempo récord para este tipo de trámites”, expresó Guette.

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