Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de prisión al exgobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, por irregularidades en contratos para la fabricación de juguetes destinados a niños de bajos recursos del departamento. El alto tribunal ordenó su captura inmediata, la cual ya fue ejecutada.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que concluyó que Guzmán Mendoza intervino en la celebración de dos convenios en 2008 con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo, por más de COP 470 millones de recursos públicos. Los contratos tenían el objetivo de elaborar artículos lúdico-didácticos para entregar en actividades decembrinas.
Lea: Exgobernador Hugo Aguilar irá a juicio por contrato de regalos navideños de COP 650 millones
Según la Corte, las fundaciones contratadas no tenían experiencia ni contemplaban dentro de su objeto social la fabricación de juguetes, por lo que habrían sido utilizadas como fachada para direccionar el dinero. El tribunal señaló que el entonces gobernador dividió el contrato en dos y desconoció los principios de transparencia y legalidad que rigen la contratación pública.
La investigación también estableció que Guzmán Mendoza expidió un decreto para modificar el presupuesto del departamento y destinar recursos provenientes de cuotas pensionales a la compra de juguetes y actividades culturales, pese a que esos dineros tenían destinación específica y no podían ser utilizados para otros fines.
En paralelo, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, quien también había sido procesado por presuntas irregularidades en el mismo caso. La Sala concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que actuó con intención o que hubiera participado conscientemente en los actos de corrupción de Guzmán Mendoza.
Por estos hechos, el exgobernador fue condenado a 110 meses y 22 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de 10 años y una multa equivalente a 375 salarios mínimos de la época. El alto tribunal también negó cualquier beneficio para cumplir la pena por fuera de prisión, por lo que ordenó su reclusión en un centro penitenciario definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
