El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, acaba de ser condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal encontró que el político desvió cerca de COP 90 mil millones para la contratación de obras públicas en cinco departamentos, incluidos Caldas y Tolima.
La Sala de Primera Instancia del alto tribunal lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. En la decisión de 438 páginas que tuvo como ponente al magistrado Jorge Emilio Caldas, el alto tribunal estableció las penas principales de “279 meses y ocho días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas de 280 meses y 20 días” y multa de COP 22.340 millones “que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho”.
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Asimismo, la Sala le negó la posibilidad de la “suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria”. Es decir, obligatoriamente tendrá que purgar la condena en prisión.
El alto tribunal encontró que el congresista del Centro Democrático lideró una organización criminal conformada por funcionarios públicos, contratistas y particulares, los cuales lograron estructurar y direccionar convenios para beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política.
“Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el Congresista”, reza en la sentencia en contra de Ciro Ramírez.
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En la decisión se lee que durante el proceso se evidenció que con sus acciones Ciro Ramírez “se apartó de manera ostensible de los fines constitucionales de la contratación pública, orientada a satisfacer necesidades colectivas, realizar obras para beneficio general y garantizar eficiencia y transparencia. Por el contrario, dicho interés estuvo dirigido a finalidades estrictamente personales y políticas, ajenas al bien común”.
La génesis de la investigación, el juicio y ahora la condena en contra de Ciro Ramírez fue un contrato de noviembre de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta por un valor total de más de COP 48.660 millones. Ese negocio permitió evidenciar que, en realidad, no fue solo uno sino una cascada de contratos que se repartían con la empresa Proyecta, a cambio de un porcentaje para el senador del Centro Democrático. Por el caso, en diciembre de 2023 la Corte ordenó la captura del político y desde abril de 2024 fue llamado al banquillo de los acusados.
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Dentro del caso, el alto tribunal recopiló y analizó testimonios, documentos, chats, correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y registros de ingresos a entidades, entre otras pruebas, para decidir el futuro del político que regresó a la libertad en mayo del año pasado. Para condenarlo, además, fueron claves los testimonios de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecta, y Alejandro Noreña Castro, exasesor y supuesto enlace de la empresa con el excongresista.
Herrera Correa y Noreña Castro ya fueron condenados por su participación en el entramado criminal y, en busca de beneficios en sus penas, hicieron un acuerdo con la justicia en el que se comprometieron a hablar en el caso contra el político.
La investigación del alto tribunal dio cuenta de que la finalidad era consolidar el proyecto político de Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, a través del pago de coimas por más de COP 1.000 millones.
Dentro de la sentencia, la Corte señaló que el delito de concierto para delinquir por parte del senador Ramírez se evidenció con el apoyo que recibió del exalcalde de Piedecuesta (Santander), Raúl Cardozo Ordóñez; y el contratista Anderson González González. Con la ayuda de ellos, a cambio de una tajada, el senador del Centro Democrático pudo obtener suficientes votos en Santander, Quindío y Caldas para llegar nuevamente al Congreso.
También, dice la decisión, Ciro Ramírez “se valió de su cargo como senador de la República, que le permitía tener contacto con funcionarios del sector público e intervenir, a través de un entramado burocrático, en distintos procedimientos administrativos y de contratación“. Esa injerencia, dice la sentencia de la Sala de Primera Instancia, le permitió “obtener provecho ilícito mediante la materialización de múltiples conductas punibles en detrimento del Estado“.
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