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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le “jaló las orejas” a las entidades que están a cargo de Justicia y Paz por la larga demora en la resolución de sus casos. Según el alto tribunal, esa justicia transicional, que procesó a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (y algunos miembros de la guerrilla), aún tiene pendiente 36 expedientes que permanecen con resolución pendiente.
El pronunciamiento del alto tribunal se dio al revisar el caso de una víctima de secuestro que lleva 11 años esperando una sentencia contra sus captores. El hombre fue secuestrado durante la toma de las extintas Farc en Miraflores (Guaviare) en 1998 y permaneció tres años en cautiverio.
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En un fallo de tutela, el alto tribunal dijo que han pasado 24 años desde su liberación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá aún no ha proferido una sentencia condenatoria contra los responsables de su secuestro, lo que constituye “una vulneración a su derecho de acceso a la administración de justicia”.
La Corte concluyó que, además, esa jurisdicción violó su derecho a un juicio en un plazo razonable, así como los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas, y recordó que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
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Por esta razón, la Corte determinó que el Tribunal Superior de Bogotá deberá proferir una sentencia en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de la decisión. Además, deberá discutir y aprobar el fallo en un término máximo de dos meses.
La alta corte calificó la situación como “preocupante”, al señalar que, aunque la Ley de Justicia y Paz existe hace unos 20 años, aún no ha cumplido con el objetivo garantizar los derechos de las víctimas.
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“Entre 2011 y 2022 profirió diez sentencias y, en la actualidad, tiene 36 procesos activos a su cargo”, lo que significaría, según la sala, que dicta una sentencia cada 13 meses y medio, es decir, que, con ese ritmo, le faltarían 39 años y seis meses para resolver los 36 casos pendientes.
Asimismo, la Corte Suprema señaló que esta “situación permitiría concluir que existe un problema estructural en la administración de justicia transicional que pone en jaque la capacidad del Estado para juzgar los crímenes más atroces contra la humanidad”.
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