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Un expediente judicial contra paramilitares en Antioquia salió de la impunidad, luego de casi 30 años en manos de la justicia. Los empresarios Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Juan Guillermo Hernández Truten, exdirectivos de la empresa Maderas del Darién, fueron condenados a seis años de prisión por haber financiado a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a finales de los años 90.
Un juez penal especializado de Medellín determinó en primera instancia que estas cuatro personas incurrieron en el delito de concierto para delinquir agravado, dado que entre los años 1997 y 1999 apoyaron la financiación del antiguo bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, que operaba en el departamento de Antioquia. Según la Fiscalía, los pagos al grupo ilegal eran justificados por medio de la contabilidad irregular de la empresa maderera.
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El ente investigador probó en juicio que estas cuatro personas dieron luz verde a los pagos de entre COP 20 millones y COP 30 millones mensuales a las AUC. Además, ayudaban a ese grupo con infraestructura de comunicaciones, como antenas repetidoras para los componentes armados del bloque paramilitar. Los pagos a ese grupo ilegal, dijo la Fiscalía, se registraban como “aportes a la Finca Guamal”, un nombre encriptado para el bloque Elmer Cárdenas.
A esa pista habían llegado las autoridades el 30 de abril de 1998, cuando un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en el marco de una investigación judicial, adelantaron una inspección a un parqueadero en la ciudad de Medellín. Allí encontraron documentos e informes contables de las AUC en Antioquia, que relacionaban a Maderas del Darién con su financiación ilegal.
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“La sentencia indica que el vínculo entre la compañía maderera y el grupo armado ilegal no fue un hecho aislado, sino el resultado de un acuerdo económico y funcional que garantizó la continuidad de las operaciones empresariales con la protección de la estructura paramilitar, con una relación de beneficio recíproco entre el sector privado y el bloque Elmer Cárdenas en Chocó”, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado.
El Bloque Elmer Cárdenas de las AUC operó desde el año 1995, especialmente en la región del Urabá antioqueño. Tuvo amplia influencia en los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, Mutatá, Dabeiba, Uramita, Frontino, Cañas Gordas y Caicedo (Antioquia). También tenía presencia en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio (Chocó). En esas zonas sostuvo una fuerte disputa territorial con estructuras de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional.
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