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El asesinato de Miguel Castellanos y el atentado con un carro bomba en Cúcuta dejan en evidencia una escalada de violencia en la ciudad que ya estaba diagnosticada. La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los recientes ataques y señaló que desde la entidad ya se habían emitido alertas tempranas sobre estos escenarios.
Durante una entrevista en Blu Radio, la defensora hizo un llamado urgente a las autoridades para que se pongan al frente del panorama. "Es claro el llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales a que investiguen las redes de corrupción que pueden llegar a tener estos grupos, porque generalmente estos grupos armados no pueden tener un control y un dominio tan importante en los territorios", señaló.
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La defensora Marín hizo especial énfasis en la necesidad de investigar los posibles nexos entre las estructuras criminales y la política en esa ciudad. "Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad porque hace parte de las posibilidades que tienen las redes de grupos armados y criminalidad organizada para tener control y capacidad de hacer daño", agregó.
Desde septiembre de 2025, la entidad había alertado sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre la posibilidad de que la violencia del Catatumbo se extendiera a las ciudades. Un año después, los ataques del 26 y 27 de octubre vuelven a poner sobre la mesa esas advertencias.
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Esa Alerta Temprana describió amenazas de estructuras criminales como AK-47 y el Tren de Aragua contra el alcalde y otros funcionarios, y señaló sus efectos sobre candidatos, líderes y juntas de acción comunal. También explicó que las organizaciones ilegales podían controlar el ingreso de aspirantes a determinados sectores e intimidar a los votantes.
Además, en la frontera y el occidente del departamento, identificó extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual. Esas economías y mecanismos de control muestran que el riesgo desborda los atentados de mayor visibilidad. Por eso, en el informe de seguimiento a la alerta de septiembre del año pasado, la Defensoría evidenció que las condiciones de seguridad seguían deteriorándose.
Al asesinato del exsecretario Miguel Castellanos se suma el Jaime Vásquez, abogado, periodista y veedor ciudadano. Sus denuncias sobre posibles hechos de corrupción fueron señaladas como una de las líneas para explicar el crimen. Asimismo, el asesinato del periodista Cristian Herrera volvió a golpear a Cúcuta. El reportero judicial, que trabajó en el diario La Opinión durante más de 10 años, había recibido amenazas por su trabajo y, por eso, tenía un esquema de seguridad. Sin embargo, fue atacado por un sicario en el barrio Quinta Oriental y murió tras recibir al menos nueve heridas de bala.
Sobre estos hechos, la defensora Iris Marín señaló: "Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales y en el fondo pues hay también estas redes relacionadas con economías ilegales".
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Carlos Alfredo(jc2xg)•01 de noviembre de 2026 – 08:19Trabajo serio de la Defensora del Pueblo, debería ser más escuchada. Sin embargo, quién escucha dentro del Estado ante la posible relación entre las estructuras criminales y el mundo de la política como lo refiere la funcionaria? Y los que podrían escuchar no lo hacen por temor.
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victor manuel(84345)•28 de octubre de 2026 – 10:09¿Solo Cucuta?