La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, nueve integrantes de su gabinete y tres personas más, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote conocido como Aguasvivas.
Los procesados serán llevados a juicio para que respondan por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Todos se han declarado inocentes.
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Los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín procesados son: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; y el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz.
Asimismo, figuran la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y secretaria general (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García.
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Por otro lado, los tres civiles involucrados en la investigación son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, los tenedores del predio objeto de la investigación.
Los elementos probatorios, obtenidos por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, evidenciaron que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, periodo en el que Daniel Quintero fue alcalde, como parte de una conciliación prejudicial (mecanismo en el que las partes buscan solucionar sus diferencias antes de ir a juicio), los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los civiles, modificando la cesión gratuita del bien por una compraventa. De esa manera, pretendían pagarles más de $40.500 millones, correspondientes al valor del lote.
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La conciliación presuntamente fracasó y, según la Fiscalía, el exalcalde y el exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, habrían expedido de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregarlo a los particulares y permitirles desarrollar actividades urbanísticas prohibidas en el POT.
Por su parte, Quintero publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que se defenderá “con pruebas” del “montaje para sacarme de presidencia”.
“En Aguas Vivas se acaba la imputación. Ahora será nuestro turno para demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la presidencia. Vamos a resetear la política y meter los narcoladrones a la cárcel”, dijo.
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