Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde de este jueves 3 de septiembre que ordenó inspeccionar la de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, en la cárcel de La Dorada (Caldas). Esto, luego de las recientes denuncias de magistrados de la Sala Penal del alto tribunal sobre posibles riesgos para su seguridad por decisiones tomadas en contra del parapolítico.
“Frente a la persona señalada como autora de las amenazas, a primera hora de la mañana, entramos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, señaló el presidente durante una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Contexto: “Ningún funcionario judicial debe afrontar amenazas”, presidente de Corte Suprema
Asimismo, el primer mandatario señaló que ha ordenado el traslado del exgobernador, de ser necesario. “Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno, y haré caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”.
Las alertas por las supuestas amenazas contra los magistrados se hicieron públicas el pasado 2 de septiembre, a través de una carta enviada al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano. En la misiva, el togado José Joaquín Urbano expuso que, a partir de una de sus ponencias, la Sala Penal condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez.
Le puede interesar: ¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?
Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para expresarle sus preocupaciones por temas de seguridad durante las últimas semanas.
A esto se sumó que, el pasado 1 de septiembre, se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.
Le recomendamos: Ordenan a De la Espriella suspender bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad
Estas denuncias llevaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, a referirse a los hechos denunciados por magistrados de la Sala Penal: “Hemos conocido unos hechos que están siendo materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en esas investigaciones, esclarecer el asunto y determinar lo ocurrido”.
Asimismo, agradeció a la Policía Nacional “por su intervención tan inmediata y por todas las gestiones que han tomado de manera preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados y las instalaciones del Palacio de Justicia”.
Lea también: Corte Constitucional ordena implementar esquema de agua potable para niños wayúu
En su declaración, el presidente de la Corte resaltó que “ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor judicial debe afrontar amenazas, riesgos, opresiones por cumplir con su función”.
Defensa de Kiko Gómez se pronuncia
Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, se pronunció públicamente sobre los señalamientos que hizo el togado Urbano. Según dijo, él, la esposa e hija de Gómez y el propio exgobernador de La Guajira “rechazamos y repudiamos, de manera categórica, los hechos ocurridos. Se trata de conductas de la mayor gravedad, que lesionan la institucionalidad y no admiten justificación ni matiz alguno”.
Lea: Uribe ante la Fiscalía: guía para entender el caso por las masacres de El Aro y La Granja
Sin embargo, dijo que Kiko Gómez es totalmente ajeno a los hechos. “Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”. Agregó que “la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”.
En ese sentido, señaló que pidió a “a las autoridades competentes que indaguen los hechos de manera pronta, seria y exhaustiva, pues es precisamente una investigación rigurosa y técnica la que permitirá identificar a los verdaderos responsables y acreditar la ajenidad del señor Gómez respecto de estos hechos”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
