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El Tribunal Superior de Bogotá ya recibió la apelación presentada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez, que busca tumbar el fallo condenatorio de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. El pasado 1 de agosto, el exmandatario fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria y a una multa de $3.444 millones por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El documento de 904 páginas, señaló que la apelación “demostrará la transgresión de la garantía de la imparcialidad judicial desde que la señora Juez avocó conocimiento de las diligencias hasta el momento en que profirió la sentencia de primera instancia y cómo, dicha situación constituye un vicio insubsanable constitutivo de nulidad, el cual se hace extensivo frente a la omisión de haber trasgredido la publicidad en la lectura de la sentencia”.
Además, el abogado Jaime Granados alegó que “independientemente de lo que se determine, la libertad del doctor Uribe debe ser restablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido, como equivocadamente lo ordenó la primera instancia, mientras el fallo cobra firmeza”.
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El fallo condenatorio de la jueza Heredia sostuvo que el expresidente es culpable de dar beneficios económicos y jurídicos a varios exparamilitares que se encontraban presos en las cárceles de Cómbita (Boyacá), y en La Picota, en Bogotá y en Estados Unidos. Dichos sobornos fueron ofrecidos a través de su exabogado, Diego Cadena, buscaban que los presos hablaran a favor de Uribe en un proceso por paramilitarismo, e inculparan al senador Iván Cepeda, quien resultó como víctima acreditada en el caso.
“El señor Uribe sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad, que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, incurrió en estos comportamientos”, concluyó Heredia en la audiencia del sentido de fallo, el pasado 28 de julio.
De acuerdo con el análisis del despacho, entre Uribe y el abogado Cadena existió una relación de subordinación, aunque esta no haya sido reconocida por la defensa. Un vínculo que, según la jueza, quedó en evidencia con el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave para la Fiscalía y quien habría sido objeto de presiones para que favoreciera al exmandatario y negara cualquier nexo de su familia con grupos paramilitares.
La Fiscalía estructuró su acusación en seis hechos principales. El más relevante —según el expediente— fue la presión ejercida sobre Monsalve para que, desde la cárcel La Picota, declarara a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. En este punto, la jueza sostuvo que Uribe permitió que Cadena, actuando en su nombre y sin la intervención de sus abogados de confianza Jaime Granados y Jaime Lombana, ofreciera beneficios a reclusos en cárceles de Colombia y Estados Unidos.
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Durante todo el proceso, Uribe argumentó que se trataba de un complot político en su contra. En la audiencia del 1 de agosto, cuando presentó su apelación, reiteró que siempre pidió que se dijera la verdad y que desconocía cualquier ofrecimiento de dinero o beneficios jurídicos hecho por Cadena, asegurando que tales actos ocurrieron sin su conocimiento. Sin embargo, para la jueza, las pruebas demostraron que el expresidente estaba informado de cada gestión.
En su decisión, Heredia advirtió que Uribe utilizó el discurso de la búsqueda de la verdad como herramienta para legitimar versiones falsas y desacreditar a sus opositores. Según su valoración, “salta a la luz como, con el eslogan de verificar y decir siempre la verdad, se ha instrumentalizado la franqueza para legitimar lo falso, lo oscuro, lo que no es objeto de prueba, pero que se intranquilizaba al aquí acusado (Uribe), haciendo de ese discurso la carta de batalla en contra de todos sus adversarios partidistas, ideológicos, académicos, institucionales o cualquiera que representara antagonismo para su proyecto político”.
Otro episodio relevante fue la elaboración de cartas falsas atribuidas a reclusos de la cárcel de Cómbita y al narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra, remitidas a altas instancias judiciales como parte de la estrategia de Cadena. Para la jueza, esas maniobras atentaron contra el bien jurídico de la administración de justicia, tipificado tanto en el delito de soborno en actuación penal como en fraude procesal, y se dirigieron directamente contra la Corte Suprema de Justicia.
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Heredia describió al exmandatario como el verdadero “arquitecto” de la estrategia de manipulación de testigos. Afirmó que, aunque Uribe se presentó como víctima de una supuesta conspiración atribuida a Iván Cepeda, Monsalve, Pablo Hernán Sierra, Carlos Enrique Vélez, Iván Velázquez, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, José Luis Barceló, César Augusto Reyes y Piedad Córdoba, “en un giro probatorio, terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció. Una maniobra que, a la inversa, atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras, en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima”.
El pasado 4 de agosto, la defensa de Uribe Vélez buscó por medio de una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, suspender la orden de prisión domiciliaria que hoy restringe al líder del Centro Democrático. De acuerdo con el recurso, a su cliente se le habrían vulnerado derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia y libertad.
La tutela pretendía que Uribe pudiera movilizarse con libertad hasta que el caso fuera resuelto en segunda instancia. Sin embargo, a solo 12 horas de presentar el recurso ante la Sala Penal, la solicitud de que se suspendiera provisionalmente la orden de captura no fue aceptada. Dos días después, el 6 de agosto, Uribe Vélez aseguró a través de sus redes sociales que ya se encontraba formalmente preso.
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Además de la tutela que busca frenar su captura, el expresidente recibió un espaldarazo por parte de Bladimir Cuadro Crespo procurador delegado para su caso. El 11 de agosto, por medio de un documento de 81 páginas, Cuadro Crespo le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que se revoque el fallo condenatorio a 12 años de prisión domiciliaria.
Con la fecha de prescripción del caso en contra, el 8 de octubre, ahora serán los magistrados que integran la Sala Penal 19 del Tribunal Superior de Bogotá quienes tienen en sus manos la tarea exclusiva de confirmar la condena o absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia.
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