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Luego de que se conociera el supuesto ofrecimiento de $50 millones a Claudia Lised Peñaranda para que no declarara contra Stella Durán, como parte de su colaboración con la justicia, el abogado Jaime Lombana, quien representa los intereses de la empresaria, asegura que denunciará penalmente a Peñaranda por los delitos de falso testimonio y estafa. Para el jurista, ese ofrecimiento de dinero es falso.
La oferta habría venido directamente por la propia Stella Durán, reconocida empresaria de productos de belleza. Y así quedó en evidencia por una denuncia que Claudia Peñaranda, al parecer, presentó ante la Fiscalía. En el documento se lee: “la noche del miércoles 29 de agosto, ella (Durán) me dijo que me donaba $50 millones si yo declaraba que ella no había hecho nada y que no sabía de los requisitos ni de los estudios”. (En contexto: Stella Durán y 12 funcionarios del Invima fueron capturados por red de corrupción)
En la denuncia, Peñaranda explicó que Durán le manifestó que “no podía dañar su imagen y que mis hijos estarían bien con esos $50 millones mientras yo estuviera aquí”. En el documento, firmado con su puño y letra, agregó que “hay pruebas de audio”. Peñaranda fue capturada en razón a que, supuestamente, era la tramitadora de empresas que querían tener licencias para sus productos con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (Invima).
Las capturas de 16 personas se realizaron por cuenta de una investigación de la Fiscalía que arrancó en 2017 y que mostraría la existencia de una red de corrupción dentro de la institución que, a cambio de dinero, habrían modificado los permisos que tenían varios medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza para ser comercializados en el país. (Le podría interesar: Legalizan captura de supuestos implicados en la red de corrupción del Invima)
Según la investigación, le red se encargaba de agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado. Por si fuera poco, los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, “lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, detalló la Fiscalía. Las 16 personas detenidas no aceptaron cargos en el curso de las audiencias ante un juez de garantías.